El 2 de junio de 1894 quedó registrado en la historia judicial de Entre Ríos como la última vez que se aplicó la pena de muerte en la provincia. Ese día fueron ejecutados José López Osuna y Juan Almada, quienes habían sido condenados por el asesinato de la familia de Antonio Franzotti, un crimen que había generado una fuerte conmoción social en Paraná.
El caso se remontaba al 31 de agosto de 1893, cuando Antonio Franzotti y varios integrantes de su familia fueron atacados en su vivienda ubicada en la denominada quinta del Deán Álvarez, en la jurisdicción de Bajada Grande. La gravedad del hecho provocó una amplia repercusión en la capital entrerriana y motivó un intenso reclamo de justicia por parte de la comunidad.
La investigación avanzó rápidamente y permitió identificar a los responsables del homicidio. Finalmente, ambos acusados fueron condenados a la pena capital, una sanción que por entonces se encontraba contemplada dentro del sistema penal vigente.
Un crimen que conmocionó a Paraná
A fines del siglo XIX, los delitos violentos generaban una importante repercusión pública en una provincia que atravesaba un proceso de consolidación institucional y crecimiento poblacional. El asesinato de la familia Franzotti fue considerado uno de los hechos criminales más impactantes de la época.
La magnitud del caso alimentó un fuerte debate en la sociedad entrerriana. Mientras una parte de la población reclamaba la aplicación de la máxima pena prevista por la ley, otros sectores comenzaban a cuestionar la efectividad y legitimidad de la pena de muerte como herramienta de castigo.
La condena fue ejecutada en la cárcel de Paraná el 2 de junio de 1894. Con aquella decisión judicial concluyó una práctica que ya empezaba a ser objeto de crecientes cuestionamientos en distintos ámbitos políticos, jurídicos y sociales.
El fin de una etapa judicial
La ejecución de López Osuna y Almada representó un punto de inflexión en la historia penal de Entre Ríos. Con el paso de los años, las discusiones sobre los límites del castigo estatal y el respeto por la vida humana fueron ganando espacio en la agenda pública.
Los cambios en las concepciones jurídicas y la evolución de los sistemas penales impulsaron una revisión de las penas consideradas admisibles dentro de un Estado moderno. En ese contexto, la pena capital fue perdiendo respaldo y dejó de aplicarse en la provincia.
Si bien el crimen de la familia Franzotti permaneció durante décadas en la memoria colectiva de Paraná, el episodio también quedó asociado al cierre de una etapa histórica en materia judicial.
Una fecha que quedó en la historia entrerriana
A 132 años de aquellos acontecimientos, el caso continúa siendo recordado como uno de los antecedentes criminales más relevantes del siglo XIX en Entre Ríos.
Más allá de la gravedad del hecho que motivó la condena, la ejecución realizada el 2 de junio de 1894 adquirió una dimensión histórica por haber sido la última aplicación efectiva de la pena de muerte en territorio entrerriano.
Desde entonces, la provincia no volvió a registrar ejecuciones judiciales, quedando aquel episodio como un capítulo singular dentro de la historia institucional y judicial de Entre Ríos.
