El Gobierno de Entre Ríos dio por concluida la investigación administrativa iniciada por las irregularidades detectadas en la Coordinación de Comedores Escolares del departamento Concordia y confirmó responsabilidades atribuidas a su exresponsable, Silvina Soledad Murúa. Aunque la mujer ya fue apartada de aquella función, ahora podría afrontar sanciones disciplinarias debido a que continúa vinculada al Estado provincial como docente.
La decisión quedó establecida mediante un decreto firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y refrendado por la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, que aprobó y convalidó la información sumaria instruida a partir de la Resolución Nº 267/25.
El procedimiento tuvo su origen en una auditoría interna que detectó diferencias en las acreditaciones de fondos e irregularidades en 37 comedores escolares del departamento Concordia, correspondientes a marzo y abril de 2025. El monto de las diferencias presupuestarias fue calculado en 103.738.136 pesos.
Direccionamiento hacia tres comercios
Uno de los aspectos centrales del decreto es que la Asesoría Letrada de la Fiscalía de Estado consideró que "ha quedado plenamente acreditado un cuadro de graves e inconsistentes irregularidades administrativas, de entidad suficiente para atribuir reproche disciplinario" a Silvina Murúa.
El documento establece que la exfuncionaria "se aprovechó de un sistema de control administrativo precario y vulnerable" y que tuvo conocimiento directo de sobreprecios e irregularidades advertidas por supervisores y personal encargado de las rendiciones, sin adoptar medidas eficaces para corregirlas ni informar a sus superiores.
Además, la investigación administrativa dio por probado que Murúa "intervino activamente en el direccionamiento de compras hacia proveedores determinados", entre los que “se identificó a Ahora Voy, Autoservicio Joaquín y Flores Sandra”, según señala el sitio Análisis Digital. También se acreditó que impartió instrucciones sobre la confección de rendiciones y concentró funciones sensibles en familiares y personas de su confianza.
La sanción que ahora podría recibir Murúa
Pese a la gravedad de las irregularidades acreditadas, la Fiscalía de Estado determinó que Murúa ya no puede ser sancionada bajo el régimen de la Ley Provincial Nº 9755, debido a que fue desvinculada de su función en la Coordinación de Comedores luego de que trascendieran las denuncias.
Sin embargo, se constató que la exfuncionaria conserva un cargo docente dentro del Consejo General de Educación (CGE), por lo que mantiene una relación laboral y jurídica con el Estado provincial bajo el régimen del Estatuto del Docente Entrerriano.
Ante esta situación, el Gobierno resolvió remitir las actuaciones al CGE para que evalúe la procedencia de iniciar un sumario administrativo. De esta manera, Murúa podría afrontar una sanción disciplinaria en su condición de docente, aunque todavía no se dispuso una medida concreta ni se determinó cuál podría ser su alcance.
Qué sucederá con los familiares y proveedores
La investigación también abordó la participación de familiares y personas cercanas a Murúa en tareas vinculadas con la administración de los comedores escolares.
Sobre este punto, el decreto confirmó que esas personas no poseen legajos activos como agentes de la Administración Pública provincial ni de la Municipalidad de Concordia. Por lo tanto, no pueden ser alcanzadas por sanciones administrativas dentro del procedimiento que acaba de concluir.
En cuanto a los proveedores mencionados en el expediente, el documento establece que sus eventuales responsabilidades quedan supeditadas a los resultados de la investigación penal que continúa en trámite.
La causa judicial sigue abierta
Paralelamente, Silvina Murúa continúa imputada en la investigación penal que llevan adelante los fiscales Daniela Montangie y Tomás Tscherning, quienes investigan presuntas maniobras de direccionamiento de compras realizadas con fondos públicos destinados a la alimentación de estudiantes.
Según la hipótesis de la Fiscalía, desde enero de 2024 la exfuncionaria habría utilizado su cargo en la Secretaría de Gestión Social para organizar un sistema mediante el cual se orientaban las compras de los comedores escolares hacia determinados proveedores de Concordia.
La acusación también comprende a sus hermanos Adrián y Vanessa Murúa y a su cuñado Esteban Godoy. Los investigadores sostienen que, mediante maniobras de intimidación o persuasión, habrían direccionado a más de 30 responsables de tarjetas de compra de comedores escolares para que adquirieran mercadería en determinados establecimientos comerciales.
Con la conclusión de la investigación administrativa, el Gobierno provincial dio por acreditadas las irregularidades de gestión atribuidas a Murúa y abrió la posibilidad de que se evalúe su responsabilidad disciplinaria como docente. En tanto, la determinación de eventuales responsabilidades penales continuará en manos de la Justicia.
FUENTE: Análisis Digital
