El Tribunal de Cuentas de Entre Ríos detectó facturas apócrifas en rendiciones por subsidios por un monto que supera los 17 millones de pesos que habían sido otorgados a productores del norte entrerriano en el marco de la emergencia agropecuaria.
Las auditorías detectaron que los comprobantes no coincidían con los registros oficiales presentados ante el Tribunal de Cuentas, lo que encendió las alarmas dentro del organismo de control.
Durante el proceso de auditoría de la documentación, los equipos técnicos detectaron un patrón que se repetía en distintos expedientes: facturas adulteradas como respaldo del uso de los fondos públicos.
Otorgados por unos y entregados por otros
Los subsidios otorgados fueron en el marco de un programa de Aportes No Reintegrables (ANR), destinado a asistir a productores afectados por la emergencia agropecuaria, dictada en la gestión de Gustavo Bordet a través de los decretos 4727/22 MP y 4421/23 MP.
Sin embargo, los fondos gestionados por la Coordinación de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar del Ministerio de Desarrollo Económico, a cargo de Guillermo Bernaudo, oriundo de La Paz, fueron entregados por la actual gestión a través de las resoluciones administrativas N°1623/2024, que asignó un total de 9 millones 800 mil pesos a 16 productores; y la N°1427/2024, que otorgó 7 millones 500 mil pesos a 15 productores. La suma hace un monto total de 17 millones 300 mil pesos.
Irregularidades
Las irregularidades se detectaron principalmente en rendiciones presentadas por beneficiarios del norte entrerriano, particularmente del departamento Feliciano, donde cada productor había recibido aportes individuales por $400 mil pesos.
De acuerdo a lo constatado, varios beneficiarios habrían presentado comprobantes correspondientes a un mismo proveedor, cuyos datos no coincidían con la información registrada en los sistemas oficiales de validación fiscal.
Según pudo reconstruirse a partir de los análisis técnicos realizados por auditores del Tribunal de Cuentas, las facturas presentadas habrían sido emitidas por Diego Hernán Amarelle, comerciante con domicilio en Leandro N. Alem 156 de la ciudad de San José de Feliciano, inscripto ante la AFIP bajo el CUIT 20-30739745-6.
Sin embargo, al verificar la autenticidad de esas facturas mediante los sistemas oficiales de validación fiscal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), comenzaron a aparecer inconsistencias.
En particular, el sistema de verificación de comprobantes con Código de Autorización Electrónica (CAE) arrojó reiteradamente que los números consignados en las facturas no existían en las bases de datos del organismo fiscal, o bien que el CUIT del emisor o el monto declarado no coincidían con los registros oficiales.
En algunos casos, los números de factura y los datos del proveedor coincidían formalmente con documentos reales, pero los montos consignados en las rendiciones eran significativamente superiores a los registrados en los comprobantes originales. Este tipo de inconsistencias, todas vinculadas al mismo proveedor, se repitió en diferentes expedientes vinculados a subsidios otorgados en la misma región, lo que llevó a los auditores a profundizar el análisis del conjunto de los casos.
Aviso al Ministerio Público
Ante la posible existencia de un mecanismo irregular en la utilización de los fondos públicos, el Tribunal de Cuentas resolvió poner los hechos en conocimiento al jefe del Ministerio Público Fiscal, Jorge García, remitiendo la documentación disponible para que se evalúe la posibilidad de una investigación penal.
Fuente: Página Política
