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Entre Ríos logró otro avance judicial en su reclamo por fondos de Salto Grande

La Procuración General avaló la competencia de la Corte Suprema en el reclamo que la provincia promueve contra el gobierno nacional.

17 de Julio de 2025
Represa de Salto Grande
Represa de Salto Grande

Fondos de Salto Grande. La Procuración General de la Nación dictaminó que la Corte Suprema de Justicia es competente para intervenir en la acción judicial iniciada por la provincia de Entre Ríos contra el Estado nacional por el incumplimiento del Pacto Intrafederal de Salto Grande.

 

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que este pronunciamiento constituye un nuevo avance en el proceso que impulsa el gobierno entrerriano para restituir los derechos económicos y federales establecidos en el acuerdo firmado en 1998 entre la Nación y las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones.

 

Con el dictamen de la Procuración, se despeja el camino para que continúe el trámite ante el máximo tribunal. En el marco de la estrategia procesal, Entre Ríos ya había solicitado la convocatoria a una audiencia de conciliación, cuya realización dependía de esta instancia. Ahora, se aguarda que la Corte fije fecha para dicho encuentro.

 

Organismo interviniente

 

La Procuración General de la Nación en Argentina es el organismo que ejerce la jefatura del Ministerio Público Fiscal, un órgano independiente del Poder Judicial con autonomía funcional y autarquía financiera, encargado de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad. Su titular es el Procurador General de la Nación, quien tiene a su cargo la dirección y administración del Ministerio Público Fiscal.

 

Desde el Gobierno provincial destacaron la importancia de este paso: "Es fundamental para que la Corte asuma su competencia y avance en la resolución del conflicto. Estamos reclamando que se cumplan los compromisos asumidos y se restituya lo que le corresponde a Entre Ríos por derecho", señalaron.

 

El reclamo de Entre Ríos se fundamenta en una serie de resoluciones adoptadas por la Secretaría de Energía de la Nación a partir de 2013, que redujeron unilateralmente el valor de la energía producida en la Represa de Salto Grande. Esta medida afectó los excedentes reparatorios que deben ser distribuidos a las provincias, en abierta violación al pacto vigente.

Temas:

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