De acuerdo con lo que se pudo saber, la iniciativa del diputado Cresto solicita al Poder Ejecutivo provincial “información detallada sobre la infraestructura carcelaria, centros de guarda, detención y tratamiento para adolescentes mayores de 14 años, así como también la cantidad de equipos técnicos interdisciplinarios disponibles, su ubicación, capacidad de alojamiento y nivel de ocupación de los establecimientos existentes”.
Asimismo, el pedido requiere “conocer si existen establecimientos o sectores específicos destinados al alojamiento de personas menores de 18 años en conflicto con la ley penal, la cantidad actual de adolescentes privados de libertad en la provincia, su edad, situación procesal y el lugar donde se encuentran alojados”.
Otro de los puntos del proyecto apunta a “conocer la capacidad total del sistema penitenciario provincial, la cantidad de plazas disponibles y el número actual de personas privadas de libertad, además de consultar si el gobierno provincial cuenta con planes de ampliación de infraestructura o construcción de nuevos establecimientos ante una eventual modificación del régimen penal juvenil a nivel nacional”.
Modificación del régimen penal juvenil
Según indicaron, la iniciativa surge en el marco del debate nacional sobre una posible modificación del régimen penal juvenil y la reducción de la edad de imputabilidad a 14 años, lo que implicaría nuevas responsabilidades para las provincias en materia de alojamiento, atención especializada y programas de reinserción social.
El documento también advierte que “el sistema penitenciario entrerriano ha registrado un crecimiento significativo en las últimas décadas: mientras que alrededor del año 2000 la población carcelaria rondaba las 700 personas privadas de libertad, actualmente se aproxima a 2.800 o 2.900 detenidos, lo que implica que en aproximadamente veinticinco años la cantidad de personas alojadas en el sistema prácticamente se triplicó”.
En ese sentido, remarcaron que “las últimas inversiones relevantes en ampliación de infraestructura penitenciaria se realizaron durante gobiernos provinciales peronistas, particularmente con obras ejecutadas en distintas unidades penales”. Asimismo, advirtieron que “en la actualidad no se conocen proyectos finalizados de ampliación de la capacidad carcelaria”.
Fundamentos
Según se plantea en los fundamentos del pedido de informes, desde la asunción del gobernador Rogelio Frigerio en diciembre de 2023 “no se ha inaugurado ni finalizado ninguna nueva unidad penal ni pabellones de gran escala, en un contexto donde distintas unidades penitenciarias presentan altos niveles de ocupación”.
Debido a esto, los autores del proyecto señalaron que “contar con información clara y actualizada es fundamental para dar un debate serio y responsable sobre una problemática que involucra tanto la seguridad pública como la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, especialmente frente a los desafíos que podría implicar una eventual reforma del régimen penal juvenil”.
