La Municipalidad de Concordia informó a la comunidad que, en el marco de la conformación de su equipo de gobierno, “el intendente Francisco Azcué convocó a profesionales y vecinos de reconocida trayectoria, quienes aceptaron sumarse a la gestión pública con el objetivo de aportar su experiencia y compromiso al desarrollo de la ciudad”.
En algunos casos, se trata de personas jubiladas, que fueron designadas ad-honorem. “A fin de reconocer los gastos inherentes a su función, al momento de su incorporación el Municipio aplicó un criterio administrativo basado en una interpretación jurídica considerada razonable”, señalaron.
Dichos conceptos se liquidan mediante un código específico - denominado “Código 600”- creado en el año 2016 por el Decreto Nº198/2016, el cual ha sido utilizado por la municipalidad desde hace más de 10 años.
Este procedimiento fue formalizado mediante los correspondientes decretos, publicados en el Boletín Oficial, garantizando total transparencia.
Incompatibilidad
Desde la gestión municipal se sostiene que no existe incompatibilidad entre la percepción de un haber jubilatorio y la designación en un cargo de funcionario. Ello se debe a que dicha función no constituye un empleo en relación de dependencia, por lo que no resulta aplicable el régimen de incompatibilidades previsto en la Ley Nº 8.732, que prevé el Régimen de las Jubilaciones y Pensiones del personal provincial y municipal de Entre Ríos.
Asimismo, sostuvieron que este criterio se encuentra en consonancia con la interpretación sostenida por el gobernador, máximo representante del Poder Ejecutivo Provincial, en el Decreto Nº 171/2025, en el cual se establece en forma categórica que los funcionarios políticos no encuadran en la noción de “empleo”.
Intervención de la Caja de Jubilaciones
Ante la reciente intervención de la Caja de Jubilaciones y la existencia de una interpretación jurídica distinta sobre la modalidad aplicada, el Municipio manifestó su plena disposición a adecuar el procedimiento, en caso de que así corresponda, conforme a lo que determinen los organismos competentes.
“Actuamos siempre de buena fe, con transparencia y con el único objetivo de sumar a la gestión personas valiosas que aportan experiencia y compromiso. Si corresponde hacer ajustes, los vamos a hacer, como lo hicimos siempre”, expresó el intendente.
Al tiempo que agregó que “es lamentable que esta situación sea utilizada con fines políticos para cuestionar la honorabilidad de funcionarios que han demostrado, en su trayectoria y en su desempeño, un compromiso claro con la comunidad”.
En ese sentido el Ejecutivo mediante un decreto dispuso dejar sin efecto, a partir del 1° de abril, esta forma de liquidar los gastos de representación otorgados a determinados funcionarios que no perciben retribución por su cargo. La medida se adopta con el objetivo de brindar certeza y previsibilidad, resguardar la seguridad jurídica y evitar eventuales perjuicios en la situación previsional de los involucrados, en el contexto de las distintas interpretaciones existentes sobre la normativa vigente.
Por otra parte, y mientras se implementa esta adecuación, adelantaron que el municipio se encuentra analizando alternativas administrativas para la liquidación de los gastos de representación, así como las herramientas legales que permitan dar continuidad a las funciones que estos profesionales vienen desempeñando en la gestión.
“Las diferencias de interpretación en materia jurídica son habituales y forman parte del funcionamiento del sistema institucional. En este sentido, el municipio respeta las competencias de cada organismo y valora los mecanismos de control existentes”, concluyeron.
