La docente, dirigente gremial y afiliada peronista Noelia Campostrini cuestionó el proyecto de reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos impulsado por los intendentes Damián Arévalo y Gustavo Bastián, al considerar que mantiene la misma lógica de ajuste que la propuesta presentada por el gobernador Rogelio Frigerio.
A través de un extenso documento de análisis político y jurídico, Campostrini afirmó que la iniciativa no constituye una alternativa de fondo al proyecto oficial, ya que comparte aspectos centrales vinculados a la declaración de emergencia previsional, la ampliación de facultades para el Poder Ejecutivo y la transferencia de costos del sistema hacia trabajadores activos, jubilados y pensionados.
Según sostuvo, la diferencia entre ambos proyectos no radica en su orientación sino en la intensidad de las medidas propuestas. “Cuando el ajuste cambia de intensidad, pero no de destinatario, el problema político sigue siendo el mismo”, señaló.
La discusión sobre el déficit de la Caja
Uno de los principales cuestionamientos de la dirigente apunta a la forma en que se plantea el debate sobre la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones.
En ese sentido, consideró que tanto la propuesta del gobierno provincial como la presentada por los jefes comunales parten de una misma premisa: resolver el déficit mediante mayores esfuerzos económicos de quienes integran el sistema previsional.
Para Campostrini, antes de avanzar sobre derechos o incrementar aportes debería determinarse con claridad quiénes son los responsables del desequilibrio financiero y si el Estado provincial y los municipios cumplieron efectivamente con las obligaciones que les impone la legislación vigente.
La dirigente recordó que la Ley 8.732 establece mecanismos específicos para que el Estado provincial y las municipalidades adheridas cubran los déficits de la Caja y contempla herramientas para reclamar aportes adeudados.
Cambios cuestionados
Entre los aspectos más observados del proyecto alternativo, Campostrini mencionó el incremento de la edad jubilatoria a 63 años para los hombres y 60 para las mujeres, además de fijar los 65 años para quienes ingresen al sistema en el futuro.
También cuestionó la eliminación del adicional que actualmente mejora el haber jubilatorio de quienes acreditan diez años más de aportes que los requeridos y la creación de un aporte inicial del 25 por ciento para los nuevos trabajadores estatales.
A su criterio, estas modificaciones generan una diferenciación entre quienes ya forman parte del sistema y quienes se incorporen en adelante, estableciendo condiciones previsionales menos favorables para los futuros empleados públicos.
Otro de los puntos señalados es la posibilidad de aplicar un “aporte solidario” sobre los haberes jubilatorios. Según argumentó, si ese mecanismo carece de límites precisos fijados por ley podría generar conflictos constitucionales vinculados a la protección del patrimonio de los beneficiarios.
El rol del Estado y los municipios
En su análisis, Campostrini remarcó que la legislación actual ya determina quiénes deben hacerse cargo de los déficits que registre la Caja de Jubilaciones.
Por ello, planteó una serie de interrogantes dirigidos tanto al Estado provincial como a los municipios: si están al día con sus obligaciones previsionales, si fueron determinadas las deudas existentes y si se utilizaron las herramientas legales disponibles para su recuperación.
La dirigente sostuvo que los autores del proyecto conocen de primera mano la situación financiera de las administraciones municipales y, por esa razón, deberían transparentar previamente el cumplimiento de sus obligaciones antes de impulsar nuevas cargas sobre trabajadores y jubilados.
Impacto en las economías locales
Campostrini también advirtió sobre las consecuencias económicas que podrían derivarse de una reducción de ingresos en el sector público y previsional.
Según señaló, tanto los salarios como las jubilaciones se vuelcan directamente al consumo cotidiano en comercios, farmacias y servicios de las distintas localidades entrerrianas, por lo que cualquier disminución en esos ingresos termina afectando la actividad económica regional.
Finalmente, consideró que el proyecto impulsado por Arévalo y Bastián termina aceptando la lógica del ajuste previsional en lugar de defender plenamente el esquema establecido por la Ley 8.732.
Para la dirigente, una verdadera alternativa debería exigir primero el cumplimiento de las obligaciones estatales, transparentar las deudas existentes y utilizar los mecanismos previstos por la legislación vigente para recuperar recursos antes de avanzar sobre derechos previsionales.
“La pregunta sigue siendo la misma: si el déficit no lo causaron los trabajadores ni los jubilados, ¿por qué siempre se empieza por ellos?”, concluyó.
