Este miércoles por la mañana se realizó una nueva jornada de debate sobre la reforma previsional, en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado de Entre Ríos, en el Salón de los Escudos de la Casa de Gobierno.
La contadora María Lorena Gerard y el contador Lisandro Tomé, en representación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, junto a Alejandro Cánepa, de la Asociación de la Magistratura, analizaron los puntos críticos del proyecto de reforma previsional enviado por el Ejecutivo.
Régimen docente
En su exposición Gerard se centró en el régimen docente y la necesidad de gradualismo. Respecto a la eliminación del beneficio conocido como "3x1", señaló que "¿Estamos de acuerdo en la derogación? Pero no abrupta. Digamos que se busque la manera de que sea gradual, así como las edades jubilatorias también se incrementan".
Asimismo, propuso mayor claridad en el prorrateo de la edad docente, sugiriendo fijar los 53 años para mujeres y 57 para hombres cuando los servicios frente a alumnos no sean "puros".
El déficit y la tasa de demandas
Por su parte, el contador Tomé brindó una perspectiva técnica sobre el déficit y la tasa de demandas. Advirtió que la provincia enfrenta una situación de desequilibrio financiero en la reciprocidad con Nación; "estamos cuatro a uno con Anses. Cada cuatro reconocimientos que vienen de la Nación para la Caja se va uno para otro sistema. No hay una transferencia efectiva de fondos en los últimos 10 años".
El profesional fue enfático al alertar sobre los riesgos de modificar la fórmula de cálculo del haber inicial mediante promedios actualizados con coeficientes. "Si hacemos un cálculo inicial que no te mantiene las mismas condiciones de vida que venías como en actividad, cada jubilado equivale a un juicio". En su lugar, propuso tomar los 15 mejores años (180 meses) pero siempre con "valores vigentes al cese" para respetar el principio de sustituibilidad.
Unificación de las fórmulas de movilidad
Ante una consulta del senador Rafael Cavagna (JxER) sobre la unificación de las fórmulas de movilidad, el Dr. Cánepa respondió que el índice ideal para evitar planteos de inconstitucionalidad sería el IPC, aunque reconoció las dificultades de la Caja para afrontarlo. Sugirió, como alternativa, agrupar los sectores; "podrías agrupar todos los municipios (con un mínimo y un máximo) y, por otro lado, agrupar el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial".
Hacia el final de la ronda de preguntas, el legislador Víctor Sanzberro (PJ) consultó sobre la posibilidad de realizar estudios actuariales propios. Al respecto, Gerard aclaró que “como contadores, no podemos realizar ese informe; sin embargo, entre nuestros matriculados se encuentran los actuarios, quienes sí podrían evaluar si lo planteado en esta reforma resiste un cálculo actuarial”.
Tensiones políticas y judiciales
Finalmente, tras la consulta del senador Martín Oliva (PJ) sobre las tensiones políticas y judiciales, Cánepa advirtió sobre las consecuencias de reformas que no logran sostenibilidad real, citando casos de otras provincias.
"Santa Fe está lleno de juicios; Córdoba igual. Las consecuencias o la forma de reparar políticamente ese desajuste fue muchísimo más caro". Los expositores concluyeron en la necesidad de proteger al "aportante puro" y buscar soluciones que no resulten en un perjuicio mayor para el Estado a largo plazo.
Fuente: APF Digital.
