Contrabando de neumáticos
La Justicia Federal de Concordia avanzó sobre una compleja investigación que describe un circuito clandestino de ingreso, acopio y venta de cubiertas extranjeras sin aval aduanero.
Según se informó, hay embargos de hasta 10 millones de pesos y vehículos alcanzados por medidas cautelares.
Procesamientos y embargos
La Jueza Federal de Concordia, Analía Ramponi, dictó el procesamiento de 19 personas y dispuso millonarios embargos en una causa que expone una presunta maniobra sostenida de ingreso, acopio y comercialización de neumáticos extranjeros sin aval aduanero, desplegada durante meses en distintos puntos de Entre Ríos.
La resolución alcanzó a comerciantes, transportistas y responsables de gomerías de Chajarí, Villa del Rosario y otras localidades de la provincia. Además de los procesamientos, el fallo fijó embargos de hasta 10 millones de pesos para algunos de los principales imputados, sumas de 5 millones para el resto y medidas cautelares sobre vehículos presuntamente utilizados en la operatoria.
Según la investigación judicial, que tramita ante la Secretaría Penal a cargo del Dr. Alan Bergdolt, no se trataba de episodios aislados ni de transacciones esporádicas. Por el contrario, el expediente describe una estructura estable, con roles distribuidos, lugares de descarga identificados y una dinámica repetida que se habría sostenido durante un extenso período.
La hipótesis reconstruida por la Justicia revela un mecanismo tan discreto como rentable: camiones que ingresaban desde el exterior del país con cubiertas nuevas ocultas en distintos sectores del vehículo, puntos de recepción previamente acordados, sitios de acopio, recambio por neumáticos usados y posterior reventa en el mercado interno. En las conversaciones incorporadas a la causa, esa maniobra aparecía nombrada con una expresión casi rutinaria: “desarme”.
Detrás de ese término, la pesquisa ubicó una operatoria precisa. Las cubiertas nuevas eran retiradas de los rodados y reemplazadas por otras usadas, para luego continuar su circuito por fuera de los controles formales. Mientras tanto, la mercadería presuntamente ingresada de manera irregular era derivada a galpones, gomerías y otros puntos logísticos, desde donde volvía a ingresar al mercado como si se tratara de una operatoria comercial más.
El cuadro probatorio reunido para sostener los procesamientos incluyó tareas de vigilancia, intervenciones telefónicas que generaron multiples escuchas, registros fotográficos y filmaciones, allanamientos simultáneos, secuestro de documentación, dinero en efectivo, celulares, vehículos y una importante cantidad de neumáticos nuevos y usados.
A ello se sumaron los aforos practicados por Aduana y los peritajes sobre dispositivos secuestrados, elementos que en esta etapa del proceso fueron considerados suficientes para sostener un grado de probabilidad serio sobre la existencia de las maniobras y la intervención de los imputados.
Pero el impacto de la resolución no se limitó al aspecto penal. El fallo también avanzó sobre el plano patrimonial: dispuso embargos por 10 millones de pesos para algunos de los principales involucrados y por 5 millones para los restantes, bajo apercibimiento de inhibir bienes en caso de no ofrecer activos suficientes.
Además, la jueza ordenó el embargo preventivo de diversos vehículos identificados durante la pesquisa, reforzando la hipótesis de que detrás de aparentes actividades comerciales regulares se habría montado un circuito paralelo de alto rendimiento económico.
La causa deja así al descubierto una trama que, de acuerdo con la reconstrucción judicial, se habría movido durante al menos varios meses entre rutas, playas de estacionamiento, gomerías y galpones del norte entrerriano, hasta quedar finalmente bajo la lupa de la Justicia Federal.
La causa
Según pudo saber Diario Río Uruguay, la causa se remonta a mayo de 2023, cuando la Aduana concretaba 29 allanamientos en locales de empresas y en domicilios de Paraná, Chajarí, Villa del Rosario y Ramírez por contrabando de neumáticos.
Los procedimientos en aquél año fueron realizados tras una investigación en la Justicia Federal en Entre Ríos, por el comercio de ruedas que ingresaron ilegalmente al país. En efecto, luego el personal especializado de Aduana (de las delegaciones de Concordia, Aduana y Diamante) y de la Dirección Regional Aduanera Hidrovía, efectuó múltiples allanamientos en los Departamentos de Federación, Paraná y Diamante, en Entre Ríos. En total fueron 29 allanamientos.
La orden fue impartida por la titular del Juzgado Federal de Concordia, Analía Ramponi, en el marco de una causa por contrabando de neumáticos introducidos al país desde la República del Paraguay.
En 2023 y como resultado se interdictaron más 2.100 cubiertas por un valor en plaza de 88.000.000 de pesos, según se informó desde el organismo de control de la Nación. En dichos allanamientos colaboraron en calidad de auxiliar de la fuerza pública distintas fuerzas federales, como la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Según se precisó, uno de los procedimientos realizados en ese año fue en la capital provincial, en una empresa de avenida Almafuerte y Caputto. En Chajarí, la PSA allanó cinco en domicilios donde secuestraron 6.433.980 pesos, 1.560 dólares, 21 neumáticos de distintas marcas y rodados, una camioneta, seis celulares, una máquina contadora de billetes y documentación de interés para la causa.
