En contacto con Diario Río Uruguay, la magistrada detalló que “la mitad de la población que yo tengo a mi cargo – que son unos 1300 internos – ha pedido ya sea libertad condicional, libertad asistida o prisión domiciliaria”.
“Los pedidos son en cantidades exorbitantes y lo hacen a través de abogados, o los mismos internos”, comentó. Subrayando que “hay muchos trámites pero eso no significa que a todas esas personas se les pueda dar lo que solicitan, por distintos motivos”.
COVID 19
Bértola comentó que – ante la emergencia sanitaria – “ampliamos un poquito más” el otorgamiento de beneficios, dado que “hay pacientes muy particulares que – bajo el contexto cancelario - pueden sufrir un mayor embate de la enfermedad”.
“Además de haber alcanzado los 65 o los 70 años, pueden padecer un cuadro de diabetes y se están dializando, o pueden sufrir enfermedades respiratorias” que se corroboran caso por caso” a través de un “doble control”; por el médico de la unidad penal y por “el doctor del Juzgado”.
“Todo es caso por caso por eso de los 1500 pedidos que tenemos se han otorgado – hasta la actualidad – unas 17 prisiones domiciliarias”, puntualizó la jueza. Agregando que “esto es sólo mi juzgado, que tiene una competencia territorial en la mitad de la provincia”.
Presiones o escraches
Relacionado a la polémica fogoneada desde varios sectores a nivel nacional en relación al tema, Bértola aseguró que en Entre Ríos la situación es distinta que en Buenos Aires. “No ha habido controversias, más allá de las presiones que puedo sufrir o no”, sentenció.
“Tienen que salir de la cárcel las personas que están en riesgo grave por un potencial contagio del COVID”, insistió. Subrayando que “nosotros no damos libertad domiciliaria, damos prisiones domiciliarias y por un tiempo determinado”, ante la pandemia.
