El gobierno de Entre Ríos oficializó la cesantía de María de Lourdes Lugrin, empleada del Hospital y Hogar de Ancianos “San Roque María A. de Francou” de Villa Elisa, por su participación en una serie de maniobras irregulares que incluyeron el cobro indebido de prestaciones médicas y un faltante millonario de fondos públicos.
La decisión fue publicada en el Boletín Oficial N° 28.128, tras concluir el sumario administrativo iniciado por el Ministerio de Salud de la provincia. El caso se relaciona directamente con la ya exonerada administradora del nosocomio, Claudia Lorena Lugrin, hermana de la cesanteada, quien fue condenada penalmente por los delitos de peculado y exacciones ilegales.
Faltante millonario y cobros indebidos
La auditoría contable realizada entre enero de 2020 y mayo de 2021 reveló que ingresaron al hospital $1.714.649 en conceptos como pensión, colaboración y donaciones, de los cuales solo se encontraron $228.200 en efectivo secuestrado por la Justicia y $132.460 registrados en la cuenta de arancelamiento. La diferencia no justificada asciende a $1.353.989, lo que evidencia el grave desvío de fondos.
Según el decreto, María de Lourdes Lugrin, quien se desempeñaba en el área de administración bajo supervisión directa de su hermana, "no pudo desconocer" las maniobras de cobro irregular, incluyendo pagos indebidos por servicios como el suministro de oxígeno. La investigación determinó además que la agente no denunció los hechos, a pesar de tener pleno conocimiento de las acciones irregulares.
La denuncia que destapó el caso
La causa se inició a partir de la denuncia de Clarisa Inés Marano Roude, quien relató que se le pidió una “colaboración” de $5.000 por el oxígeno suministrado a su padre, internado por COVID-19. Esta irregularidad motivó la intervención de autoridades sanitarias y judiciales, que llevaron adelante una exhaustiva investigación.
Entre las declaraciones destacadas se encuentra la de la contadora Ana Gabriela Diez, entonces subsecretaria de Administración del Ministerio de Salud, quien subrayó que ningún efector público puede cobrar por prestaciones de salud, ya sea a pacientes ambulatorios, internados o institucionalizados.
Responsabilidad administrativa y sanción final
El decreto remarca que, aunque la mayor responsabilidad recayó sobre la exadministradora ya condenada, la cesanteada no está exenta de su propia responsabilidad. “Además de ser su familiar, era su empleada directa, y tenía conocimiento del dinero en efectivo hallado en el despacho de la administradora, así como del faltante detectado que no registra ingreso ni gasto alguno”, indica el documento.
La cesantía de María de Lourdes Lugrin representa el cierre de una etapa administrativa en una causa que dejó en evidencia una grave vulneración al sistema público de salud en Entre Ríos. Las actuaciones judiciales continúan para determinar si podrían surgir nuevas imputaciones o responsabilidades derivadas de este caso.
Fuente: APF.
