Bajo la denominación “Peronismo Unido Concordia”, dirigentes de distintos sectores del justicialismo local difundieron un duro comunicado contra el intendente Francisco Azcué. El documento lleva, entre otras, las firmas de Gustavo Bordet, Enrique Cresto, referentes políticos y representantes de siete organizaciones sindicales.
El pronunciamiento fue presentado como una respuesta a declaraciones que, según señalaron los firmantes, el presidente municipal realizó durante un streaming, donde habría calificado de “ladrones, delincuentes, sinvergüenzas y tránsfugas” a integrantes de anteriores gobiernos peronistas.
“Los concordienses tenían todo el derecho de elegir una alternativa política. Respetamos esa decisión: la alternancia es parte de la democracia”, expresaron. Sin embargo, sostuvieron que la administración de Azcué constituye “el peor gobierno de los últimos cuarenta años” y le atribuyeron “falta de capacidad, improvisación y falta de transparencia”.
La defensa de las gestiones anteriores
Una parte central del comunicado está dedicada a reivindicar las obras realizadas entre 2003 y 2023. Los dirigentes mencionaron las costaneras de Concordia y Nébel, el saneamiento del arroyo Manzores, los programas PROMEBA y Hábitat, la relocalización de familias de zonas inundables y la ampliación de la Defensa Sur.
También incluyeron la nueva planta de agua, el Centro de Convenciones, el desarrollo del aeropuerto, el relleno sanitario del Campo del Abasto y distintas instalaciones deportivas. Según plantearon, esas intervenciones permitieron una transformación que “todavía puede verse en cada rincón” de la ciudad.
En infraestructura vial, afirmaron que las administraciones peronistas ejecutaron, en conjunto, más de 2.500 cuadras de pavimento y repavimentación. Además, aseguraron que durante los primeros tres años de la gestión iniciada en 2015 se habían realizado 800 cuadras y contrastaron esa cifra con las treinta que atribuyeron al actual gobierno.
Servicios, transparencia y recursos municipales
En materia de servicios, los firmantes sostuvieron que las gestiones anteriores dejaron una cobertura superior al 95 % en agua y al 90 % en cloacas. También reivindicaron el diálogo con la oposición, los sindicatos, los comerciantes, las empresas y las organizaciones sociales como parte de su forma de gobernar.
El documento aseguró que, entre 2003 y 2023, Concordia ocupó posiciones destacadas en rankings de transparencia provinciales y nacionales, y afirmó que esos indicadores retrocedieron durante la actual administración. “Sus dificultades sociales nunca se resolvieron con insultos, sino con políticas públicas, empleo, vivienda y servicios”, señalaron sobre la ciudad.
Respecto de las cuentas públicas, manifestaron que entregaron un fondo anticíclico de 2.700 millones de pesos, depositado en plazos fijos y equivalente a tres nóminas salariales. Según el comunicado, esos recursos estaban previstos para afrontar situaciones extraordinarias, como las inundaciones, y fueron “pulverizados durante el primer año de gestión de Azcué”.
Cuestionamientos por la situación de los trabajadores
Otro de los ejes fue la política laboral del municipio. Los dirigentes defendieron las capacitaciones, las oportunidades para finalizar los estudios secundarios, las recategorizaciones y las negociaciones paritarias de las administraciones anteriores. Asimismo, sostuvieron que esas medidas se desarrollaron con una planta permanente inferior a los dos mil empleados.
En contraposición, acusaron al actual gobierno de “denigrar y perseguir” a los trabajadores municipales. Afirmaron que fueron desvinculados más de quinientos contratados, muchos de los cuales, según indicaron, habían ingresado por concurso, y cuestionaron el destino de los recursos que el municipio habría ahorrado con esas decisiones.
En ese marco, denunciaron que ese dinero se destina a una contratación con una empresa de otra provincia, a la que calificaron como un “negociado turbio y denunciado”. El texto no precisó la firma involucrada ni detalló la denuncia mencionada.
La respuesta a las expresiones del intendente
El comunicado también cuestionó los antecedentes de Azcué como fiscal auxiliar interino y mencionó los puestos que, según sus firmantes, obtuvo en dos concursos judiciales. A su vez, atribuyó el discurso del intendente a una consultora de Buenos Aires que, según expresaron, sería financiada con recursos municipales.
“Su forma de expresarse habla más de él que de nosotros”, sostuvieron los dirigentes. En el cierre del pronunciamiento, agregaron: “Como peronistas, no le pedimos que comparta nuestras ideas. Lo único que le exigimos, hasta que termine su paupérrimo mandato, es que mantenga los logros de todos los concordienses”.
El documento lleva las firmas de Pablo Bovino, Aldo Alvarez, Armando Gay, Angel Giano, Martin Santana, Marcelo Cresto, Mariano Giampaolo, Claudia Villalba, Carolina Amiano, Jorge Mendieta; Pedro Perez (ATE Concordia); Gustavo Diaz (Bancarios); Walter Doronzoro (UOCRA); Walter Corrado (Luz y Fuerza); Maria Sampietro (UTHGRA); Juan Simonetti (Empleados de Comercio); Victor Medina (Panaderos); Gustavo Bordet, Enrique Cresto; Agustin Caceres y Sabrina Mazariche Parody (Partido Justicialista Concordia); Lia Solis, Kevin Inda, Gallego Rodriguez, Marcela Sbresso, Maria Soto Denis, Maria Petit, Mario Garramone, Florencia Scattone, Jorge Ferrera, Sergio Paiva, Diego Santana, Stella Sandri, Hector Strassera, Victoria Torrea, Eliseo Blanco, Ariel Romero, Jesica Saboredo, Alberto Armanazqui, Juan Vargas, Beto Gonzalez y Martin Quiroz.
