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Cuando un gobernador entrerriano prohibía “para siempre” el carnaval en Entre Ríos

Hace 178 años, un decreto abolió tanto la celebración previa al Miércoles de Cenizas, como otro carnaval que se había instaurado para el 29 de octubre. La medida cuestionaba los efectos de esos festejos sobre la salud, la moral y la cultura.

21 de Octubre de 2026
Urquiza consideraba al carnaval como una “inmemorial y bárbara costumbre”
Urquiza consideraba al carnaval como una “inmemorial y bárbara costumbre”

A fines de octubre de 1848, el gobernador Justo José de Urquiza dictó un decreto que pretendía terminar definitivamente con los festejos de carnaval en Entre Ríos. La disposición declaraba “abolido para siempre tanto el Carnaval de los tres días antes del Miércoles de Cenizas” como una celebración adicional que había establecido la administración anterior.

 

Los fundamentos de aquella prohibición reflejaban la mirada de las autoridades sobre una costumbre popular a la que atribuían consecuencias perjudiciales. El decreto calificaba “al juego de carnaval” como una “inmemorial y bárbara costumbre” y advertía sobre los inconvenientes que, según sostenía, provocaban sus excesos.

 

En sus considerandos, señalaba que esa práctica “perjudica a la salud de los que imprudentemente se entregan a sus excesos, que a la moral y a la cultura que tan imperiosamente demanda la Religión del Estado y el actual siglo de luces”.

 

Otro carnaval de octubre

 

La decisión también alcanzaba a un carnaval que tenía una fecha y un motivo diferentes. Mediante un decreto de noviembre de 1840, la administración anterior había dispuesto celebrarlo cada 29 de octubre, para recordar “la gloriosa convención del país celebrada entre la Confederación Argentina y la Francia”.

 

Urquiza resolvió suprimir también ese festejo y reemplazarlo por una ayuda anual destinada a los familiares necesitados de quienes hubieran muerto en el sostenimiento de la Santa Federación.

 

La prohibición contemplaba sanciones: quienes incumplieran lo dispuesto serían castigados con la denominada “pena ordinaria”, según establecía el decreto.

 

Así, un festejo profundamente arraigado en la vida popular quedaba alcanzado por una disposición que aspiraba a eliminarlo “para siempre”, con argumentos vinculados a la salud, la religión y las pautas de conducta que el gobierno de la época buscaba imponer.

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