El ex concejal justicialista Daniel Cedro brindó declaraciones a Diario Río Uruguay, donde explicó los alcances de una denuncia presentada en los tribunales de Concordia para que se investigue una presunta contratación irregular en la actual gestión municipal que encabeza el intendente Francisco Azcué. El caso salió a luz por dos proveedores (ambos de apellido Partarrié), a quienes presuntamente se les habría pedido la entrega anticipada de mercadería, bajo la promesa de una adjudicación.
Siempre de acuerdo a lo que señalaron los responsables de Ahora Voy SRL y Partarrié Distribuciones SAS, a través de una presentación formal, la municipalidad los excluyó de una licitación, después de haber recibido la mercadería a modo de anticipo, con la aparente promesa que serían lo adjudicados de dicha compra.
Reclamo de investigación
Cedro explicó que la presentación judicial busca determinar cómo se concretó un procedimiento de contratación que, a su entender, despierta múltiples sospechas. “Lo que corresponde es que la Justicia investigue cómo se dio realmente este procedimiento, porque se expone una posible irregularidad que no debería repetirse en la administración pública”, aseguró el ex edil.
La situación involucra a las firmas de los Partarrié (padre e hijo), quien señalaron que se les habría prometido la adjudicación de una licitación. Incluso, afirmó que se le pidió la entrega anticipada de mercadería, sin que existiera documentación que respaldara legalmente esa solicitud. “Estamos hablando de un pedido basado en promesas, sin un instrumento válido que lo respalde”, apuntó Cedro.
El ex concejal subrayó que los propios escritos del proveedor hacen referencia a la figura de estafa y a irregularidades en la RDI. Estos elementos, dijo, confirman la necesidad de que la Justicia actúe con rapidez para aclarar la operatoria.
Procedimientos omitidos
En su análisis, Cedro fue tajante: “Se estarían saltando todos los pasos previstos” para este tipo de compras. Detalló que no existió un dictamen firme de la comisión de valoración, ni un decreto de adjudicación ni tampoco una orden de compra que formalizara la operación.
A su criterio, se trataría de una maniobra que contradice de manera flagrante las normativas básicas de contratación pública. “Lo preocupante es que se den prácticas que, además de ser irregulares, afectan la transparencia de la gestión y generan un perjuicio a la confianza de los proveedores”, advirtió.
Con experiencia tanto en el ámbito legislativo como en el jurídico, Cedro recordó que las ordenanzas vigentes establecen mecanismos claros para la adquisición de bienes y servicios. En ese sentido, planteó que lo denunciado podría configurar un circuito paralelo de compras sin sustento administrativo.
Estado de la presentación
Consultado sobre el estado de la causa, el ex edil explicó que el escrito ya fue ingresado a tribunales y que será el Ministerio Público Fiscal el que defina la fiscalía que llevará adelante la investigación. “Nosotros lo que hicimos fue plantear la necesidad de que se investigue. A partir de ahí, es el Poder Judicial el que debe avanzar”, precisó.
Para Cedro, lo fundamental es que el procedimiento se esclarezca y se definan responsabilidades. “No puede quedar como un antecedente más. Tiene que servir para ordenar los procedimientos administrativos y evitar que estas prácticas se repitan”, concluyó.
Los posibles delitos
El sitio El Entre Ríos informó que el escrito presentado por Cedro tiene nueve carillas y formula preguntas concretas sobre el ingreso de mercadería anticipada al municipio, bajo qué licitación se imputó y con qué carácter. También señala que los hechos podrían encuadrar en figuras penales como cohecho, tráfico de influencias o malversación de fondos públicos, si se confirmara que no existió un instrumento administrativo válido que respaldara la operación.
