El diputado provincial y ex intendente de Concordia, Enrique Cresto recusará al Fiscal José Arias titular de la fiscalía Nº 7, quien inició de oficio una investigación por la contratación de un asesor de seguros en su segunda intendencia.
La recusación toma como referencia las sentencias penales del año 2019, que ya habían apartado a Arias en otra causa en la que el propio Cresto fue imputado, causa que luego fuera archivada una serie de inconsistencias.
Representado legalmente por los abogados Matías Lladós y María de los Ángeles Petit, la recusación que impulsa Cresto se fundamenta no solo en esos antecedentes, sino que también apunta que hubo violación de garantías constitucionales e insiste, como en causa anteriores, en endilgarle una marcada posición ideológica de Arias.
“Arias tiene una posición marcadamente antiperonista, y así lo ha proclamado, acusando y recusando a los 9 jueces del STJER. Además, ha sido denunciado por el Presidente de la Cámara en lo Contencioso Administrativo por sus términos ofensivos contra el Consejo de la Magistratura. Esta posición le quita la parcialidad objetiva que se requiere para ser fiscal en una causa que inicia por oficio, es decir, por su propia decisión. Arias elige la causa y elige a Cresto, una vez más, como su objetivo político para trascender”, afirmaron los profesionales a cargo de la defensa, en declaraciones publicadas por el diario El Sol.
“Las sentencias que apartaron de la causa a Arias en el año 2019 fueron en dos instancias y marcaron jurisprudencia en cuanto que se reconoció que la potestad de analizar las recusaciones son competencias del Juez de Garantías en primera instancia y no del Procurador General, como lo pretenden los Fiscales, basados en una Ley de Ministerio Publico Fiscal que hay que revisar para no dejar que sigan abriéndose causas que no tienen fundamentos, por lo que no estamos basándonos en supuestos sino en hechos ya comprobados”, destacaron Petit y Llados.
“El 1 de marzo, Cresto se presentó espontáneamente ante la Fiscalía, ante todos los rumores y publicaciones así como declaraciones del actual intendente Francisco Azcué y sus funcionarios de que existían denuncias e investigaciones en su contra, poniéndose a disposición del Ministerio Público Fiscal, porque es evidente el objetivo político de poner en duda la honestidad y la transparencia de la gestión que encabezó. Es decir, por parte de Cresto no existe temor a que se investigue, pero quien lo haga debe tener la suficiente imparcialidad, para no direccionar esa investigación”, añadieron.
Daños y perjuicios contra el Jefe de Gabinete Eduardo Caminal
Los abogados de Cresto también anunciaron el comienzo del proceso de denuncia al Jefe de Gabinete Eduardo Caminal, señalándole presuntos daños y perjuicios, “por las constantes declaraciones públicas de denuncias, investigaciones y dichos sobre la ex gestión, de la que Cresto era el representante legal, y se ve directamente atacado y agraviado”.
En este caso, los letrados de Cresto afirman que “la paciencia ante los ataques verborragicos de Caminal tienen un límite. Habla, acusa, siembra dudas y sospechas; pero no va más allá de algún titular en los diarios”.
Para los abogados, “ya pasó un tiempo prudencial para que la nueva gestión asuma su rol y ejerza plenamente el gobierno, enfocándose en dar respuestas a los reclamos de los vecinos y cumpliendo con el deber de gobernar. Es momento de ponerle un punto final a la “caza de brujas” contra los exfuncionarios políticos y a las persecuciones contra el personal municipal”, explicaron.
Por último, adelantaron que “el objetivo de Cresto es solicitar una indemnización por los daños y perjuicios a su imagen y a la de la gestión de la Municipalidad en el periodo 2015/2023 por una suma que será donada a las instituciones de Concordia, para que puedan continuar con su trabajo de servicios y de contención social a los sectores más vulnerables que hoy son totalmente desconocidos y olvidados por la política actual”, concluyeron.
Fuente: DIario El Sol
