En diálogo con Diario Río Uruguay, Signes se refirió a las demandas que promovió el gobierno de Rogelio Frigerio en contra de Nación y comentó que “el que se amplió es el juicio de Salto Grande, a 724 millones de dólares de retroactivos entre el año 2020 y 2024”, debido a que “al principio, nosotros teníamos claro que Nación estaba incumpliendo con los acuerdos de 1998 ratificados por leyes nacionales y provinciales, pero no teníamos una precisión absoluta respecto a la cuantía”.
A diferencia de aquel entonces, aseguró que “ahora hicimos un cálculo mucho más preciso, teniendo en cuenta las fórmulas que se utilizaron al hacer el acuerdo, que se aplicaron correctamente hasta el 2012, pero luego sufrieron una desnaturalización producto de resoluciones de la secretaría de Energía y se empezaron a amenguar los excedentes, a punto tal de que hoy están en 7.000 millones de pesos al año, aproximadamente”.
Según sus palabras, estos números se alcanzaron “luego de una operación técnica muy compleja y un re-examen de la cuestión”, a través de la que “reelaboramos y llegamos a esa conclusión”.
Por otro lado, recordó que “estas son decisiones del gobernador de la provincia, que ha dicho que demandemos lo que corresponde a la provincia de Entre Ríos, porque hay leyes que ratificaron acuerdos y si se están incumpliendo, debemos demandar”.
No obstante, aclaró que “esto no implica que no se realicen otro tipo de acciones administrativas, negociaciones bilaterales”, porque “por ejemplo, nosotros adherimos al decreto 969 del poder ejecutivo nacional, que propone un mecanismo para compensar deudas y créditos”.
Represa
Consultado sobre las características del caso Salto Grande, Signes precisó que “hasta el 2012 el sistema funcionó razonablemente bien”, pero de ahí en adelante “se produjeron desnaturalizaciones al régimen, pero nosotros llegamos a esa conclusión luego de haber estudiado mucho técnicamente el tema” y subrayó que “por supuesto, está por encima de todo la voluntad política del poder ejecutivo, porque ante la corte suprema, la firma es conjunta y concurre el fiscal de estado con el representante del poder ejecutivo, que es el gobernador de la provincia”.
Además, consideró que “el monto es muy importante”, ya que “es prácticamente un cuarto del presupuesto de la provincia de Entre Ríos y el doble de lo que le debemos a los acreedores externos por la deuda que se tomó en 2017”, por lo que “sería un monto que colocaría a la provincia en otra situación financiera”.
Finalmente, consultado sobre los plazos, primeramente destacó que “hay una decisión del gobernador de impulsarlos" a los reclamos contra nación, "porque ha firmado un escrito, pidiendo audiencias de conciliación en la Corte para instar al Poder Ejecutivo nacional para poder abreviar esos plazos”. Dicho esto, remarcó que “sea como sea, la cuestión está planteada, los derechos están reclamados” y concluyó que “ojalá podemos acceder a esas audiencias y allí encontrar alguna fórmula de entendimiento”.
