Desde el Poder Ejecutivo municipal se puntualizó que la medida se toma, “en el marco del control de los actos públicos llevado adelante por la gestión que encabeza el intendente Francisco Azcué”.
En ese marco, “luego de minuciosas evaluaciones de distintos actos administrativos, se han detectado ciertas irregularidades por las cuales se ha solicitado a la Justicia que se investiguen las mismas y se determinen una presunta defraudación a la administración pública y las distintas responsabilidades de ex funcionarios en las mismas”.
Según se precisa, uno de los casos pone la lupa “en la mecánica utilizada en el alquiler de rodados, tipo camioneta, mediante la utilización de un sistema de compra directa, es decir sin ningún tipo de concurso o licitación, para desarrollar distintas tareas operativas de la Dirección de Mantenimiento de Calles Pavimentadas y ejecución de obras públicas durante el año 2023”.
Lo que la actual gestión encontró como “llamativo” es que la adquisición de dicho servicio “se interrumpió antes del inicio de la actual gestión y al analizarse algunos de los expedientes administrativos de pagos, ya que los anteriores fueron procesados antes de la asunción de la actual gestión”.
La administración que asumió el pasado 10 de diciembre señala que se hicieron las consultas a las distintas oficinas municipales, tras lo cual “se concluyó, con la inexistencia de constancia alguna de que los servicios contratados fueron prestados”. A eso suman que, otro de los detalles advertidos es que “algunos de los supuestos prestadores del servicio sean familiares directos de algunos ex funcionarios”.
Por otro lado, también se presentó a la Justicia “un pedido de ampliación de la denuncia oportunamente presentada, para que se investigue la responsabilidad de ex funcionarios públicos en la entrega, en comodato, de un camión recolector de residuos a una cooperativa de trabajo”.
Según interpretan los actuales funcionarios, los responsables de la anterior gestión, ”no habrían cumplido con sus obligaciones como tales ya que el comodato”, remarcándose que “el Decreto de ratificación del contrato firmado por el ex intendente (Enrique Cresto), establecía claramente un uso por el lapso de cinco años, y que la vigencia del contrato de comodato recién entraría en operatividad luego de la ratificación del mismo por el Honorable Concejo Deliberante de nuestra ciudad y esto nunca sucedió”. Por lo que, “dicho camión, no podía estar en poder de un privado como finalmente sucedió”, se señala en el comunicado oficial.
Por último, desde el Poder Ejecutivo municipal se anticipa que “en el transcurso de la semana se harán nuevas presentaciones tendientes a que la Justicia investigue y otorgue claridad a ciertos actos de gobierno acontecidos en la gestión anterior”, aunque sobre estas otras causas no se adelantaron mayores detalles.
La novedad se conoce a las pocas horas que, dos abogados que representan al ex intendente Enrique Cresto anunciaron que recusarán al Fiscal José Arias, quien inició de oficio una investigación por la contratación de un asesor de seguros y al actual Jefe de Gabinete municipal, Eduardo Caminal, señalándole presuntos daños y perjuicios, “por las constantes declaraciones públicas de denuncias, investigaciones y dichos sobre la ex gestión, de la que Cresto era el representante legal, y se ve directamente atacado y agraviado”.
