La Cámara de Diputados de Entre Ríos analiza una iniciativa que propone la creación del Sistema Provincial de Prevención, Abordaje y Control de la Violencia Escolar. El proyecto surge como respuesta a la creciente complejidad de los conflictos en las aulas y busca garantizar "entornos educativos seguros y la convivencia pacífica".
La propuesta parlamentaria fue impulsada por los legisladores Gladys Liliana Salinas (Partido Conservador Popular) y Carlos Alberto Damasco (La Libertad Avanza).
Un enfoque integral y multicausal
El proyecto define de manera amplia la problemática, entendiendo por violencia escolar "toda acción u omisión, individual o colectiva, directa o indirecta, que cause o pueda causar daño físico, psicológico, moral, emocional, sexual, simbólico, patrimonial, institucional o digital".
A diferencia de normativas anteriores, esta propuesta extiende su protección no solo a los alumnos, sino a toda la comunidad, incluyendo expresamente a los trabajadores de la educación. El texto expresa que "protege expresamente a docentes, directivos, administrativos y personal auxiliar frente a agresiones físicas, verbales, digitales, amenazas o hostigamientos vinculados al ejercicio de sus funciones".
El Observatorio: Datos para la acción
Uno de los puntos centrales es la creación del Observatorio Provincial Autónomo de Convivencia, Violencia y Seguridad Escolar. Este organismo funcionará bajo la órbita del Poder Legislativo con autonomía técnica y financiera. Su objetivo será "monitorear, evaluar, sistematizar y difundir información pública sobre violencia escolar".
Entre sus facultades más relevantes se encuentran: Elaborar mapas departamentales de riesgo, publicar informes trimestrales y anuales y recibir denuncias por incumplimiento institucional grave.
Alerta temprana y plazos de intervención
El sistema propuesto introduce la obligatoriedad de registrar cada incidente y clasificarlos según su gravedad (riesgo bajo, moderado, alto o crítico). Asimismo, se crea el "Sistema Provincial de Alerta Temprana destinado a detectar reiteración, escalamiento o gravedad de situaciones que requieran intervención urgente".
Para evitar la inacción estatal, el proyecto de ley establece un cronograma de actuación: " a) Recepción inmediata. b) Primera actuación dentro de las veinticuatro (24) horas hábiles. c) Evaluación interdisciplinaria dentro de las setenta y dos (72) horas. d) Plan de seguimiento dentro de diez (10) días hábiles".
Finalmente, el Consejo General de Educación (CGE) actuará como la autoridad operativa, encargada de coordinar los equipos interdisciplinarios y garantizar que cada escuela cuente con un "Responsable Institucional de Convivencia Escolar", una figura clave para activar los protocolos de manera directa en el territorio.
Fuente: APF Digital.
