La Cámara de Diputados de Entre Ríos tratará un proyecto de ley que tiene como fin “constituir una red de videovigilancia ciudadana, de participación voluntaria, que promueva la participación social a través de imágenes captadas por videocámaras de particulares con el propósito de contribuir a la prevención y resolución de delitos, mejorar la seguridad pública y fomentar la colaboración entre la comunidad y las fuerzas de seguridad del Estado”.
La iniciativa, impulsada por el diputado Jorge Maier, apunta a “regular la instalación, el empleo y el tratamiento de imágenes y sonidos captados por videocámaras de particulares en espacios públicos o en espacios privados con acceso al público”.
El proyecto establece “la celebración de convenios con particulares que instalen videocámaras para la captación de imágenes en espacios públicos o privados con acceso al público, a los fines de formar parte de la red de cámaras de videovigilancia que promueve el Poder Ejecutivo”.
Videovigilancia ciudadana
“Los ciudadanos que voluntariamente deseen participar en la red de videovigilancia ciudadana deberán inscribirse y celebrar un convenio de adhesión con el Ministerio de Seguridad , que será la autoridad de aplicación”.
“La utilización de videocámaras solo puede tener por finalidad la seguridad integral de las personas y la protección de los bienes de los particulares y del Estado, respetando el derecho a la privacidad de las personas”, se señala en el proyecto y se aclara que “el tratamiento de imágenes de personas físicas obtenidas en lugares públicos será lícito cuando los sistemas que se utilicen cuenten con la autorización previa de la autoridad de aplicación y se observen los principios establecidos en la Ley nacional Nº 25.326, en la Ley Provincial N° 10.175 y en las reglamentaciones que en consecuencia se dicten de ellas”.
“Toda persona que intervenga en cualquier fase del tratamiento de la información generada a partir de imágenes y sonidos está obligada al secreto profesional, siendo garante de la confidencialidad de los datos e imágenes y sonidos obtenidos y de su utilización mediante un protocolo adecuado, siendo pasibles de las sanciones civiles, penales y administrativas que les correspondiere en caso de incumplimiento”, se aclara en el proyecto que ingresó en junio pasado a la Cámara de Diputados.
Fuente: APF Digital.
