En diálogo con Diario Río Uruguay, el intendente de Concordia, Francisco Azcué, se refirió al caso del IOSPER y aseguró que “hablando como usuario que soy de la obra social, sabemos lo que significaba pedir un turno y lidiar con la burocracia”. Como así también, "sabemos de qué manera se ha manejado y cuál es el estado en el que la han dejado", hasta que se hizo cargo la intervención.
Al respecto, recordó que “la obra social tiene una deuda acumulada de 42.000 millones de pesos y un déficit mensual de 3.000 millones”. Remarcando que "se trata de “un lugar donde no se controlaba nada, donde la comisión fiscalizadora no funcionaba, donde estamos hablando de investigaciones por irregularidades, de 1.000 prótesis que se habían pagado y no se entregaron nunca, que generó muchísimos problemas y sufrimiento de los usuarios". Agregando a eso que también se detectó que "hay medicamentos que se habían comprado con un incremento de hasta el 1000% por encima del valor de mercado”.
Debido a esto, consideró que “ya entramos en otro plano y obviamente eso ha generado que mucha gente se haya beneficiado, porque estamos hablando de privilegios de la política que se han manejado durante muchos años por gestiones anteriores y esto ha sido parte de esa caja, de ese botín que han utilizado para obtener esos beneficios que nosotros vinimos a romper, a terminar para siempre”, insistió.
Sin embargo, reconoció que esta visión “obviamente que genera resistencia, porque quienes tenían esos privilegios no los quieren perder y se aferran, porque entienden la política como una herramienta para obtener beneficios”, a pesar de que “detrás de eso está el sufrimiento de la gente, que no les importa obviamente”.
No obstante, apuntó que “ahora estamos en un punto en el cual nuestro gobernador ha tomado la decisión y se está pudiendo avanzar en esta reforma”, además de que “esto está siendo debatido como corresponde en las cámaras legislativas y se está haciendo un tratamiento adecuado, se están escuchando distintas voces”, lo que aseguró “es el andamiaje correcto por el cual hay que transitar”.
Asimismo, valoró que “también se está comunicando con la verdad para que todos los entrerrianos tengan la tranquilidad de que todas esas cuestiones que están queriendo instalar, que tiene que ver con la pérdida de derechos, cobertura familiar, discapacidad, enfermedades y demás, son mentiras y que, por otro lado, hay un marco normativo de leyes nacionales que no se pueden evadir, que ya están garantizadas”, señaló el ex fiscal de la justicia concordiense.
Teniendo esto en cuenta, remarcó que “quienes somos parte de este proyecto político y de esta gestión, estamos convencidos del liderazgo de nuestro gobernador (Rogelio Frigerio) y apoyamos esto desde el lugar que nos corresponde, absolutamente convencidos y respaldando estas reformas”, por lo que ponderó que “esos escraches, esas persecuciones, esos amedrentamientos y esas mentiras, son parte del mecanismo de defensa de quienes están perdiendo esos privilegios”.
Finalmente, destacó que con estas medidas “no se está buscando obtener un rédito político”, dado que “no es un objetivo el aprovechamiento político”, sino que “después la gente valorará si esto fue beneficioso o no”, pero “no es una reforma que se hace con esa mirad, sino porque es lo que hay que hacer, lo que la gente votó” y recordó que “es a lo que vinimos nosotros, a cambiar las cosas”.
