Denuncia de AGMER
AGMER se manifestó en alerta por "el desmantelamiento del Registro Único de la Verdad (RUV) y el vaciamiento de políticas de DDHH en la provincia".
En ese sentido, se manifestaron "como integrantes de la Multisectorial de DDHH en contra de la imposición de políticas de olvido y seguimos levantando las banderas de Memoria Verdad y Justicia".
Denuncia
La Multisectorial de Derechos Humanos, junto a la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (RODHER), presentó formalmente pedidos de audiencia ante el Gobernador Rogelio Frigerio y las autoridades de la Comisión Bicameral de Derechos Humanos para manifestar su "profunda preocupación" por la situación crítica del Registro Único de la Verdad (RUV).
A través de notas dirigidas al mandatario provincial, así como al Diputado Fabián Rogel y al Senador Martín Oliva (Presidente y Secretario de la Bicameral de Derechos Humanos), las organizaciones denunciaron un "proceso de vaciado institucional que pone en riesgo más de 20 años de construcción de memoria y justicia en la provincia".
Según advierten la Multisectorial y la RODHER, el organismo creado por la Ley N.º 9577 atraviesa un escenario de precariedad extrema caracterizado por:
Despidos masivos: El equipo técnico fue reducido drásticamente, quedando solo tres trabajadores en funciones.
Falta de coordinación: Ausencia de una dirección que planifique y ejecute políticas públicas.
Crisis de infraestructura: El RUV no cuenta con un edificio propio ni adecuado para sus tareas.
Riesgo del acervo documental: Peligra la custodia del archivo más importante sobre la represión dictatorial en la región.
Identidad
Desde las organizaciones recordaron que el RUV no solo custodia archivos, sino que es el nexo fundamental en la provincia con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), Abuelas de Plaza de Mayo y la CONADI para la búsqueda de personas desaparecidas e identidades sustraídas.
"El RUV ha sido una pieza fundamental para la identificación de sitios de memoria y la pedagogía de los derechos humanos. No podemos permitir que este patrimonio documental y social se pierda por falta de voluntad política", señalaron referentes del sector.
Ante la urgencia de resguardar estas políticas públicas, los organismos esperan una pronta respuesta a las audiencias solicitadas para "garantizar la operatividad de un ente que es patrimonio de toda la sociedad entrerriana".
