En la marcha coincidieron familias, profesionales, transportistas y hasta representantes de distintas organizaciones relacionadas a la discapacidad.
Se trató de una movilización que convocó a más de 200 personas en Concordia, quiénes reclamaron por las condiciones críticas que enfrenta el sector.
Testimonios
En diálogo con un cronista de Diario Río Uruguay, uno de los manifestantes, Daniel Miño, explicó que su caso particular está relacionado al transporte. "Esto una movilización a nivel nacional, en todas las ciudades, en todo el país y estamos con los viejos reclamos de hace años, pagos atrasados, autorizaciones muy tardías, estamos muy desfasados con lo que es el tema de aranceles porque no ha habido nada de aumentos", puntualizó.
En ese sentido, comentó que "se llegó a un punto en el que estamos trabajando prácticamente a dinero muy antiguo, de hace dos o tres años y con los intereses al mínimo".
Además, Miño citó que "cada vez con más problema, que es lo que te va originando toda esta situación tan precaria de trabajo".
Y destacó que "el prestador está en un punto ya crítico económicamente, vas bajando la calidad del servicio hasta llegar a, tristemente, la situación de tener que suspender las prestaciones porque no las podemos mantener más". En ese contexto, englobó a "cualquier prestador, los profesionales, transportistas, acompañantes terapéuticos, domiciliarios, todos necesitan una inversión económica para poder abrir sus puertas o salir hasta la casa del chico".
Miño detalló que si tuviera que parar de dar su servicio, esa situación afectaría "más o menos, hoy por hoy, de 8 pacientes, 8 familias con todo lo que eso conlleva, son las que quedarían sin prestación, sin medios de movilización y viven bastante lejos, así que sería imposible tener sus terapias".
Por su parte, Evangelina Moix, recordó que "esto viene de hace varios años, es algo de nunca acabar pero ahora se nos está haciendo muy difícil poder sostener la falta de aumentos, esto de tener una inflación tan desigual con lo que nosotros cobramos desde nomenclador, los centros terapéuticos que corren el riesgo de cerrar porque no pueden sostener semejantes demoras en los pagos y a veces el no pago también, porque las obras sociales se atrasan".
Moix trajo a colación que en 2024, "estuvimos hablando de fácilmente 5 o 6 meses que se demoraban los pagos y hoy tenemos una realidad de una obra social de la provincia, que encima está en jaque, donde hay prestadores y colegas que ni siquiera han llegado a cobrar los últimos 6 meses del año pasado".
La manifestante explicó que encima "veía en las redes que desde la Agencia de Salud, el que está a cargo por decirlo de alguna manera, se convirtió en una especie de Hitler cuando a una mamá con un chico con discapacidad le dijo que no era problema del Estado que su hijo tenga discapacidad, es terrible porque esa persona está al mando de una agencia a nivel nacional".
Por último, Viviana Rossattp, comentó que la marcha que comenzó en Plaza Urquiza pero recorrió el centro de la ciudad, buscó "concientizar y sensibilizar a la gente de esto que está pasando, una situación compleja, difícil".
En su caso particular, "yo soy psicóloga, tengo un centro donde trabajamos varias profesionales, de diferentes áreas y como explicaron estamos todos pasando por la misma situación, todos dependemos de un nomenclador que no aumenta desde el año pasado, con aranceles muy por debajo del código ético de cada profesión y sin miras de nada".
