Se trata de Gustavo Eduardo Borrajo Borrajo, quien fue señalado de cometer graves irregularidades en la gestión de la cartera bancaria. Según señala el sitio Análisis Digital, el exfuncionario era quien le manejaba las cuentas millonarias depositadas en bancos de Suiza al exministro de Economía, Eduardo Lalo Macri, ya fallecido.
El fallo, emitido el 28 de marzo de 2023, responsabiliza a Borrajo por graves irregularidades cometidas durante su gestión como director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, cuando tuvo a su cargo el seguimiento y cobro de una cartera crediticia cedida por el Banco de Entre Ríos a la Provincia. La acción civil la inició el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes y Borrajo tendrá que abonar los 100 millones de pesos en próximas semanas. El exfuncionario vive actualmente en Miami.
En 1997, el Estado Provincial había garantizado al Banco de Entre Ríos el cobro de una cartera de créditos por $43.748.708,66, producto de la privatización de la entidad bancaria. De ese monto, la Provincia apenas logró recuperar $468.308,27, dejando un perjuicio fiscal millonario. Borrajo, designado específicamente para centralizar el seguimiento de estos juicios de cobro, asumió funciones el 27 de mayo de 1996 y se mantuvo en el cargo hasta diciembre de 1999. Durante ese período, recibió documentación de 606 casos por un importe total de $25.722.684,17.
Las irregularidades detectadas
El Tribunal de Cuentas de la Provincia realizó una exhaustiva investigación que reveló una serie de incumplimientos graves:
Ausencia total de rendición de cuentas: Borrajo nunca presentó rendiciones documentadas de su gestión, limitándose a informes periódicos verbales sin respaldo documental.
Falta de documentación: al finalizar su gestión en diciembre de 1999, no quedaron expedientes relacionados con la cartera cedida en la Dirección de Asuntos Jurídicos que había estado a su cargo.
Pérdida de control de las causas judiciales: no hubo seguimiento ni control efectivo de los 606 juicios que debía gestionar.
Imposibilidad de verificación: la ausencia de documentación impidió incluso a los peritos contables realizar cualquier auditoría posterior.
El fallo de la Cámara
Los jueces Norma Ceballos, Mariano Ludueño y Rodolfo Jáuregui fueron contundentes al señalar que "la conducta desplegada por el accionado se ha limitado a cuestionar" aspectos formales del proceso, pero "en modo alguno tendiente a demostrar o acreditar su diligencia en la función".
La sentencia aplicó el principio de que, en el cumplimiento irregular de funciones públicas, "surge la culpa 'in re ipsa'" (la culpa en sí misma), y que correspondía al funcionario demostrar su "no-culpa", carga probatoria que Borrajo no pudo satisfacer.
El tribunal destacó que "la ausencia de rendiciones de la referida cobranza con el correspondiente respaldo documental, en modo alguno puede impedir la cuantificación de un perjuicio fiscal" ni "el establecimiento de la responsabilidad del funcionario por la omisión cometida".
La condena incluye el capital de $25.722.684,17 más intereses calculados con la tasa activa del Banco Nación (TABNA) desde el 6 de agosto de 1998 hasta el efectivo pago. Esta capitalización de intereses durante casi tres décadas eleva el monto a más de $100 millones de pesos actuales. El fallo también impuso las costas judiciales de ambas instancias al condenado y confirmó la responsabilidad civil del exfuncionario por el incumplimiento de sus deberes públicos. Esta sentencia representa uno de los casos más significativos de responsabilidad patrimonial de funcionarios públicos en la provincia, estableciendo un precedente sobre las consecuencias de la negligencia y la falta de rendición de cuentas en la administración de recursos estatales.
Un abogado peculiar
En los dos últimos años de la segunda Gobernación de Jorge Busti, con Raúl Franzoni como presidente del Instituto del Seguro, se implementaron planes de retiros voluntarios, venta desmedida a una cartera de clientes con alta siniestralidad y el retraso en el pago a los beneficiarios. Las indemnizaciones por los retiros oscilaban los 100.000 dólares.
Una de las personas que estaba como asesor del IAPS recibía un porcentaje de las indemnizaciones cobradas por los empleados, por lo cual se encargó de promover la salida de cada uno de ellos y, a su vez, trataba de ubicarlos en aseguradoras privadas. Muchos de ellos pasaron a las compañías Rivadavia y Sancor. Uno de los que ingresó a ésta última empresa se llevó una cartera cercana a las 700 pólizas.
El abogado Franzoni se negó a privatizar las firmas y hacer caer el IAPS y por ende se tuvo que ir de la conducción. Y se dedicó a los negocios inmobiliarios, con varias inversiones en Paraná y alrededores. El interventor fue Gustavo Borrajo, abogado de Eduardo Macri y Raúl Rico. Borrajo fue nombrado por el entonces ministro de Economía, Marcelo Casaretto, como director de Asuntos Administrativos del Ministerio.
Primera acción
Lo primero que hizo Borrajo, en esos días de 1998, fue firmar un convenio con el estudio jurídico de los abogados Guillermo Bolado y Hernán Sábato, de Capital Federal, a través del cual se estableció que los honorarios eran en función de porcentajes del monto conformado por la reducción lograda, respecto a las pretensiones originales de cada actor. Si bien fue objetado por el Tribunal de Cuentas –ya que se efectuó por contratación directa y no por licitación, como hubiera correspondido-, nunca se hizo lugar al planteo y ni siquiera tuvo algún tipo de repercusión en la prensa. “Es gente amiga de Borrajo”, se comentó apenas se rubricó el acuerdo.
Borrajo vivió en Buenos Aires hasta que Rico y Macri volvieron a Paraná, a sumarse al staff de funcionarios de Busti. Trabajó junto a Rico en ATC y cuando desembarcó en la capital entrerriana fue a parar a la Secretaría de Energía de la provincia, que llevó adelante el negocio del gasoducto. Borrajo era amigo personal de Eduardo Macri, al punto tal que era quien le manejaba las cuentas bancarias en Suiza. Y luego fue a la mencionada repartición de Economía.
No fue el único estudio capitalino favorecido; también se firmó un convenio con el abogado Alejandro Bosh Madariaga. En los dos casos los profesionales fueron favorecidos con la asignación de las causas de mayores montos que tenía el IAPS. Y si bien tales convenios incluían el pago de honorarios como un porcentaje del ahorro surgido por la diferencia, entre la pretensión del actor y el monto acordado, en el acuerdo con la dupla Bolado-Sábato los términos del pago diferían de los del resto.
FUENTE: Análisis Digital
