El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julios Rodríguez Signes, dio precisiones sobre qué está permitido hacer desde la puesta en vigencia del “decreto 956, que se publicó durante el lunes y reemplaza al decreto 875” y brindó detalles acerca de la potestad de los municipios acerca de la exigencia del seguro COVID.
En contacto con Diario Río Uruguay, el funcionario aclaró que “es una opinión personal, ya que no me ha tocado dictaminar todavía al respecto, pero yo diría que los municipios no tienen la posibilidad de establecer esa exigencia”.
“Y es que el turismo es una actividad económica, ahora permitida, de acuerdo a los protocolos que establezca la autoridad sanitaria provincial”, argumentó. Subrayando que “a los municipios le correspondería establecer por ejemplo horarios, protocolos para el comercio, pero no condiciones de fondo”.
Seguro
Rodríguez Signes manifestó desconocer “si hay empresas que ya estén comercializando la modalidad de seguro COVID, bajo qué condiciones, con cuales costos”.
A su entender, “las provincias podrían exigirlos pero es muy difícil encontrar un contrato que cubra este riesgo: sería una especie de seguro de Salud o algo por el estilo”.
“Me parece que es un requisito muy difícil de cumplir”, insistió.
