Un grupo de legisladoras justicialistas presentó este viernes en la Cámara de Diputados de Entre Ríos un proyecto de declaración para expresar su rechazo al proyecto de ley nacional denominado “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, que obtuvo media sanción en el Senado de la Nación y contó con votos afirmativos de senadores entrerrianos.
La iniciativa fue impulsada por la diputada Silvia del Carmen Moreno, junto a las coautoras Lorena Arrozogaray, Mariel Ávila, Silvina Deccó, Laura Stratta y Andrea Zoff. En el texto ingresado a la Legislatura provincial, las legisladoras manifestaron su “más enérgico repudio y profunda preocupación” por los alcances de la propuesta.
Las diputadas señalaron que “la propuesta oficialista atenta de manera directa contra la soberanía territorial del país al pretender modificar tres marcos regulatorios clave: la Ley de Tierras Rurales (N° 26.737), la Ley de Expropiaciones (N° 21.499) y la Ley de Manejo del Fuego (N° 26.815)”.
Las advertencias sobre soberanía territorial
En los fundamentos del proyecto de declaración, las legisladoras sostuvieron que el articulado nacional “lesiona gravemente la soberanía nacional, debilita los controles fronterizos, dificulta el desarrollo de infraestructura de interés público y quita protección de manera indiscriminada a los bienes naturales estratégicos y los recursos hídricos de la República Argentina”.
Uno de los principales cuestionamientos planteados por las autoras está relacionado con las modificaciones propuestas sobre las tierras afectadas por incendios y las restricciones vigentes para su venta, loteo, desarrollo inmobiliario o cambio de uso de suelo.
En ese marco, las diputadas remarcaron que “el proyecto oficialista pretende eliminar la prohibición vigente que impide por 30 y 60 años la venta, el loteo, el desarrollo inmobiliario y el cambio de uso de suelo en terrenos que han sufrido incendios forestales y rurales”.
Incendios y especulación inmobiliaria
Las legisladoras advirtieron que la modificación de esas restricciones podría generar consecuencias sobre territorios afectados por incendios, entre ellos zonas de la Patagonia, el Delta del Paraná y el norte argentino.
Las autoras del proyecto señalaron que “al quitarla, el Gobierno nacional legaliza la especulación comercial inmobiliaria y extractiva sobre las cenizas de nuestros ecosistemas. Quienes hoy provocan desastres ambientales para desvalorizar la tierra e iniciar desarrollos privados serán directamente premiados por el Estado”.
Otro de los puntos incluidos en el planteo está relacionado con la adquisición de tierras por parte de capitales extranjeros en áreas consideradas estratégicas, particularmente en zonas de frontera y en sectores próximos a cursos de agua permanentes.
Sobre este aspecto, las diputadas sostuvieron que el cambio propuesto “desprotege los recursos estratégicos del Litoral, como los cursos de agua dulce y el Acuífero Guaraní, y condena a nuestros pequeños y medianos productores, cooperativas y familias rurales a una competencia asimétrica y desleal”.
Pedido de rechazo en el Congreso
Las legisladoras también se refirieron a las modificaciones introducidas durante el tratamiento de la iniciativa en las comisiones del Congreso de la Nación y consideraron que los cambios realizados no modifican el sentido general del proyecto.
En ese sentido, expresaron que “las variantes o retiros parciales de articulado operados durante el debate parlamentario no cambian el fondo de la cuestión”.
Finalmente, las autoras de la iniciativa presentada en la Cámara de Diputados de Entre Ríos remarcaron que “denunciamos que la pretensión legislativa conserva una matriz lesiva para la soberanía territorial y los derechos colectivos”.
En el cierre de los fundamentos, las diputadas sintetizaron su posición respecto de la protección del territorio y los recursos naturales al señalar que “la tierra no es un simple activo financiero ni una mercancía prescindible; la tierra es soberanía, es alimento, es arraigo y es el hogar de las futuras generaciones”.
