La Justicia Federal dio curso al amparo presentado por los diputados Guillermo Michel y Marianela Marclay, junto con el senador Adán Bahl, por el destino de los fondos del impuesto a los combustibles afectados al mantenimiento de las rutas nacionales que atraviesan Entre Ríos.
El juez federal de Victoria, Federico Martín, admitió formalmente la acción y fijó un plazo de tres días para que el Ministerio de Economía de la Nación y la Dirección Nacional de Vialidad presenten sus informes. Los organismos demandados fueron notificados la semana pasada y el plazo corre desde esa notificación.
La causa fue registrada como “Bahl, Adán Humberto y otros c/ Estado Nacional – Ministerio de Economía y otro s/ amparo Ley 16.986”, bajo el número 12957/2026. La medida permite avanzar con la tramitación del reclamo, aunque todavía no constituye una resolución sobre el fondo de la demanda.
El cuestionamiento de Michel
“El Gobierno está reteniendo de manera ilegal la porción del impuesto de los combustibles destinada a la reparación de las rutas”, afirmó Michel al explicar los motivos de la presentación judicial.
El diputado sostuvo que “cada vez que un argentino echa combustible, el 28 % del impuesto de los combustibles se destina al arreglo de rutas” y aseguró que “esa plata no se está enviando”.
Según explicó, recurrieron a la Justicia Federal para que “se cumpla con la ley y esa plata se envíe a la provincia de Entre Ríos para la reparación de las rutas nacionales que atraviesan nuestra provincia”. Entre ellas, mencionó las rutas 14, 12 y 136.
Los fondos bajo reclamo
Los legisladores sostienen que los recursos del Sistema Vial Integrado (SISVIAL), financiado con el impuesto a los combustibles, tienen una afectación específica por ley y deben utilizarse para infraestructura vial.
En el amparo cuestionan que esos fondos permanezcan colocados en instrumentos financieros para mejorar el resultado fiscal. Por ese motivo, solicitaron que los recursos se apliquen a su finalidad y que se reactiven las obras y las tareas de mantenimiento de la red vial nacional en Entre Ríos.
Según el relevamiento que sustenta la presentación, entre enero de 2024 y mayo de 2026 ingresaron al SISVIAL más de $1,5 billones en todo el país, mientras que unos $394.406 millones se aplicaron a obras. De acuerdo con esos datos, aproximadamente tres de cada cuatro pesos recaudados no llegaron a las rutas.
Recursos acumulados y concesiones
La presentación también señala que, al 31 de mayo, más de $1 billón estaba colocado en títulos públicos y plazos fijos. Los demandantes sostienen que el Gobierno nacional reconoció que esos recursos se computan para sostener el equilibrio fiscal.
En paralelo, el pasado 7 de octubre Nación concesionó por 20 años 276 kilómetros de rutas entrerrianas: los tramos de la ruta nacional 18 entre Paraná y Puerto Yeruá y de la ruta nacional 12 entre Crespo y Paraná.
El reclamo judicial apunta tanto al destino de los fondos acumulados como a la necesidad de sostener las obras y el mantenimiento del resto de la red nacional que atraviesa la provincia.
