El gobernador, Rogelio Frigerio, envió este miércoles un proyecto de ley con el fin de crear una Comisión Especial Investigadora de la Deuda Pública. La iniciativa busca realizar un análisis exhaustivo del desenvolvimiento histórico de los pasivos del Estado entrerriano durante casi 28 años, desde el 10 de diciembre de 1995 hasta la fecha.
La propuesta ingresada a la Cámara de Diputados busca poner bajo la lupa la evolución, composición, destino y legalidad de la deuda provincial, incluyendo la interna y externa, directa e indirecta, y abarcando renegociaciones, refinanciaciones, canjes y situaciones de incumplimiento o reestructuraciones.
Estudio y análisis
Según el articulado, el objeto de la Comisión es taxativo: "Realizar el estudio y análisis del desenvolvimiento histórico de la deuda pública del Estado entrerriano, interna y externa, directa e indirecta, desde el 10 de diciembre de 1995 hasta la fecha de promulgación de la presente ley, comprendiendo sus renegociaciones, refinanciaciones, canjes, los respectivos pagos de comisiones, situaciones de incumplimiento (“default”) y reestructuraciones”.
La Comisión estará integrada por nueve miembros que desempeñarán sus funciones ad-honorem; tres senadores, tres diputados y tres representantes designados por el gobernador, lo que garantiza la participación de los tres poderes en su conformación.
Informe final
El trabajo de la Comisión debe culminar con un informe final o dictamen que será de publicación obligatoria en el sitio web oficial del gobierno provincial.
Entre los puntos que deberá contener este informe, el proyecto especifica que “su nivel, composición, origen, destino específico (con especial atención a la diferenciación entre deuda destinada a gasto corriente y aquella orientada a inversiones productivas o estratégicas a largo plazo) y normativa aplicable, estableciendo el destino de los fondos y su correlato en la ejecución presupuestaria”.
En cuanto a sus facultades, establece que la Comisión podrá "requerir al Poder Ejecutivo Provincial, sus ministerios, organismos autárquicos y descentralizados, empresas con participación estatal o cualquier ente bajo su órbita, así como a los órganos autónomos de control y la Legislatura provincial, toda la documentación e información vinculada a operaciones de endeudamiento".
Además, el proyecto busca "analizar y evaluar la legalidad, oportunidad, destino y efectos presupuestarios de los recursos provenientes del endeudamiento público".
El proyecto fija un plazo máximo de 12 meses para que la Comisión cumpla con sus fines. Además, en materia de transparencia, el escrito establece que "la Comisión Especial Investigadora garantizará la publicidad de sus actos y el acceso público a la información, debiendo publicarse en el sitio web oficial de la provincia los avances, informes y conclusiones de su trabajo".
Si el plazo se vence sin un dictamen final, deberá difundir la información recopilada y sus conclusiones parciales, justificando la falta de conclusión.
Fuente: APF Digital.
