El Gobierno de Entre Ríos radicó este miércoles, en la Corte Suprema de Justicia, una demanda contra el Estado Nacional por el perjuicio económico que genera a las arcas provinciales la ecuación económica financiera que determina los excedentes que recibe a cambio de la energía proveída al sistema eléctrico nacional, desde la represa de Salto Grande.
Lo anunciaron este jueves en conferencia de prensa el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes y la secretaria de Energía, Noelia Zapata, quienes informaron que el reclamo incluye una deuda retroactiva de alrededor de 175 millones de dólares desde 2013 a la fecha.
Entre Ríos exige modificar el modo en que se establece el precio de la energía para que ese valor genere excedentes acordes a lo que le corresponde recibir por ser productora de esa energía. Esos montos los determina el Gobierno nacional y en el entendimiento del Ejecutivo entrerriano, son escasos y perjudiciales para la provincia.
El gobierno central tiene la potestad de fijar el precio de la electricidad a través de la Secretaría de Energía de la Nación. La demanda entrerriana pide a la Corte que declare la inconstitucionalidad de las resoluciones que determinaron cómo se fija el precio de los excedentes.
Rodríguez Signes explicó que los excedentes son los fondos que resultan de la diferencia entre el precio de la energía que entrega Salto Grande y los gastos de la Comisión Técnica Mixta de la represa. Los mismos se distribuyen entre las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones. En tanto que en Entre Ríos, los gerencia la Comisión Administradora de los Fondos Excedentes de Salto Grande.
El precio de la energía que entrega la represa es la más barata del país, debajo, por ejemplo, de Yacyretá. Hacia adelante, la provincia quiere participar de la decisión del precio que se establece para la energía que produce Salto Grande.
Según el cálculo que hacen en la Casa Gris y que informó el fiscal de Estado este jueves, el monto retroactivo desde 2013 que le corresponde recibir a Entre Ríos por el perjuicio que le produjo la Nación escala hasta los 175 millones de dólares.
El fiscal de Estado destacó la decisión política del gobernador Rogelio Frigerio de acudir a la Corte con el reclamo y aclaró que la demanda no tiene términos de prescripción.
Además, en la demanda ante la Corte, la provincia exige que se elabore un cálculo de daño ambiental que provocó la represa. Y el planteo reclama también que la Nación cumpla con las obras que se comprometieron a hacer para la región de Salto Grande.
Si el planteo llegara a prosperar y los cortesanos dieran razón a la provincia, los funcionarios adelantaron que los fondos eventualmente restituidos serán destinados a la CAFESG para obras y otras acciones en beneficio de la región. De todos modos, no descartaron que el tema pudiera ser tratado en el marco de un acuerdo político.
Fuente: Ahora
