“La medida busca conciliar el derecho de los trabajadores a la participación gremial con el derecho superior de los niños, niñas y adolescentes a la educación, consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley 26.061 de Protección Integral, que reconocen la educación como un derecho esencial y una herramienta central para la igualdad de oportunidades”, sostuvieron desde provincia.
Al tiempo que remarcaron que “durante los días de asambleas, la suspensión masiva de clases no solo interrumpe los aprendizajes, sino que además obliga a las familias a reorganizar sus rutinas laborales y personales para cuidar a sus hijos. Además, obliga a las escuelas a reprogramar contenidos, evaluaciones y actividades planificadas. Esta situación, reiterada en el tiempo, afecta el orden pedagógico y altera el ciclo escolar”.
Por estas razones, el Estado provincial resolvió establecer criterios que permitan preservar el normal dictado de clases, “sin vulnerar derechos laborales, pero evitando que las asambleas terminen perjudicando siempre a los mismos, a los alumnos y sus familias”.
Nuevas pautas de funcionamiento
La resolución dispone que las asambleas gremiales deberán realizarse fuera del horario de clases, concluyendo al menos 15 minutos antes del inicio de la jornada o comenzando 15 minutos después de su finalización y deberán ser notificadas con un mínimo de 24 horas de antelación. Además, se prohíbe el ingreso de personas ajenas a las instituciones educativas durante su realización.
"Esta medida no está dirigida contra los docentes ni contra el legítimo derecho de representación sindical. Pero sí busca poner un límite a prácticas que, amparadas en el interés sectorial, terminan desnaturalizando el sentido de la escuela pública, que es garantizar la educación de los chicos. El derecho a la educación no es una concesión, es una obligación indelegable del Estado y un compromiso con todas las familias entrerrianas", señalaron desde el CGE.
De este modo, el gobierno provincial “reafirma su compromiso con una educación pública de calidad, que respete los derechos laborales, pero que priorice el interés superior de los estudiantes y el normal funcionamiento de las escuelas”, concluyeron.
