El caso involucra a un “patrón” y un “capataz” de la referida localidad del departamento Concordia. De acuerdo a la investigación sometieron a – al menos – cinco personas a condiciones inhumanas y explotación laboral, hechos por los cuales la Jueza Federal de Concordia, oportunamente los había procesado.
Esa resolución, incluso, pese a ser recurrida por los acusados, fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná.
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Según la información a la que pudo tener acceso Diario Río Uruguay, en la causa se acreditó que los trabajadores eran provenientes de provincias del norte del país. Personas de muy bajos recursos y se encontraban en graves condiciones de vulnerabilidad, circunstancias de las que los autores se habrían valido para captarlos bajo falsas promesas de empleo digno.
Una vez en Concordia fueron obligados a vivir en condiciones precarias, sin acceso adecuado a los servicios básicos – de higiene y seguridad - y a trabajar jornadas extenuantes en un campo de Puerto Yeruá dedicado a la forestación, sin la correspondiente remuneración y en condiciones de servidumbre.
Por esas razones - habiéndose completado la instrucción dirigida por la jueza federal - la presentante del Ministerio Público Fiscal, Josefina Minatta, requirió la elevación a juicio de la causa, al considerar acreditado que los imputados fueron prima facie penalmente responsables del delito de trata de personas con fines de explotación laboral, agravado por el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, por la amplia cantidad de personas y por haberse consumado la explotación, en concurso aparente con el delito de reducción a la servidumbre.
