El Dr. Romero, profesional del derecho reconocido de Concordia por haber sido Fiscal de Estado en la última gobernación de Jorge Busti y oportunamente defensor de Mario Yedro y Augusto Alasino, es el responsable de llevar adelante la defensa del bioquímico Carlos Ríos, que fue denunciado por una mujer de su circula familiar.
Siempre de acuerdo a lo narrado por la demandante, fue sometida por su tío (Ríos) “desde el preescolar, más o menos, hasta que terminé al escuela primaria”.
Romero brindó declaraciones a las cámaras de Canal 9 de Paraná, argumentando que se trata de un “delito de instancia privada” y que por ello “en su momento la mamá optó por no hacer la denuncia, por guardar la reserva”. Insistiendo con que los hechos “tienen una antigüedad de hace 15 o 20 años”, por lo que se trata de “algo muy viejo y por eso es un poco complicada la situación”.
Tal como se apuntara oportunamente, los denunciantes de este tipo de hechos están amparados -desde el año 2011- por la modificación del Código Penal que amplía los plazos de prescripción de los delitos contra la integridad sexual de los menores de edad.
Esta actualización es conocida como la Ley Piazza (ya que fue impulsada por el conocido diseñador) y puntualmente establece que los tiempos de caducidad de estos delitos recién comienzan a correr, una vez que la persona abusada cumple la mayoría de los 18 años de edad. Porque se entiende que a partir de allí la víctima llega a la maduración y puede tener la valentía de contar si padeció un abuso de un mayor.
El abogado defensor del acusado remarcó que todavía no se han realizado las pericias psicológicas correspondientes y que la causa aún no avanza porque “se está evaluando plantear un pedido de recusación al fiscal porque es pariente político de la denunciante“.
