En contacto con Diario Río Uruguay, el fiscal Arias detalló primeramente que le corresponde "una imputación derivada de sus deberes generales, incluso como auxiliar de la Justicia"; dado que se infiere que "tomó contacto con la familia de Benedetto y pasó a ser como un asesor de ellos".
"Fue en el sentido de llegar casi a decirles cómo tenían que alegar la posible situación de COVID para morigerar la prisión preventiva", agregó. Subrayando que con la acción "se está investigando el delito de "abuso de autoridad" y violación de los deberes de "funcionario público".
Certificado trucho
En segundo orden, Arias citó la probable confección de "un certificado médico falso, que fue presentado ante el Juez de Garantías, donde se informaba determinadas cuestiones que no podía constatar y además en donde se ponía en conocimiento de una supuesta situación de salud de Benedetto que no era cierta".
"Este segundo aspecto se tipificó en los delitos de "falso testimonio" y "falsificación de instrumento público", remarcó.
