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Cresto pidió informes al gobierno provincial sobre una posible reforma de la educación de jóvenes y adultos

El diputado provincial solicitó al Poder Ejecutivo detalles sobre el estado de la propuesta curricular para ESJA y ESA, su impacto en estudiantes y docentes y una eventual implementación durante 2027.

8 de Octubre de 2026
Cresto presentó un pedido de informe al Ejecutivo provincial.
Cresto presentó un pedido de informe al Ejecutivo provincial.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos recibió un pedido de informe presentado por el diputado Cresto y acompañado por Ávila, Stratta, Deccó, Seyler, Zoff, Arrozogaray, Moreno y Castrillón, dirigido al Poder Ejecutivo provincial para conocer el alcance de una posible reforma del diseño curricular de la Educación Secundaria de Jóvenes y Adultos.

 

El proyecto solicita que, a través del Consejo General de Educación (CGE) y las áreas competentes, se informe si actualmente se encuentra en elaboración o tramitación una reforma que comprenda a la Educación Secundaria de Jóvenes y Adultos (ESJA), la Educación Secundaria de Adultos (ESA) y sus anexos.

 

Entre los puntos requeridos, el pedido plantea que se remitan los borradores, expedientes, resoluciones, circulares e informes técnicos vinculados con la propuesta, además de precisar su estado administrativo, las autoridades responsables y los establecimientos que podrían quedar alcanzados.

 

Los cambios que se buscan conocer

 

El pedido de informe también solicita que el gobierno provincial detalle los objetivos pedagógicos de la eventual reforma y los fundamentos normativos nacionales, federales y provinciales que la sustentarían. En ese sentido, se requiere distinguir cuáles de las adecuaciones serían obligatorias y cuáles responderían a decisiones propias de la jurisdicción.

 

Otro de los puntos plantea la necesidad de contar con un cuadro comparativo entre el diseño curricular vigente y el propuesto. Allí se solicita incluir la duración de los estudios, la organización anual o modular, los espacios curriculares, contenidos, orientaciones y carga horaria total y por área. También se pide precisar las modalidades de cursado, los mecanismos de evaluación y acreditación, las equivalencias y los requisitos de egreso. A su vez, el proyecto requiere conocer el cronograma previsto para el debate, aprobación e implementación de la reforma y si se proyecta su aplicación durante el ciclo lectivo 2027.

 

En caso de avanzar con modificaciones, el legislador pidió que se informe cómo se garantizará la continuidad de las trayectorias educativas de quienes actualmente cursan y la validez de las certificaciones y títulos correspondientes.

 

Participación de docentes y organizaciones

 

Otro de los ejes del pedido está relacionado con las instancias de participación. En concreto, se solicita información sobre las instancias realizadas y previstas con estudiantes, docentes, equipos directivos, supervisores y organizaciones sindicales, además de las actas y conclusiones que hayan surgido de esos encuentros. El proyecto también pide conocer los compromisos asumidos durante la reunión del 6 de octubre de 2026 con la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) y si se prevé constituir una comisión multipartita de seguimiento.

 

En materia laboral, el pedido requiere información sobre la cantidad actual de cargos docentes, directivos, de coordinación y de apoyo, además de las horas cátedra de la modalidad, discriminadas por departamento y establecimiento. Esos datos deberían ser comparados con los previstos para el eventual nuevo diseño.

 

También se solicita identificar posibles reducciones, supresiones, reasignaciones o modificaciones de funciones, junto con los mecanismos previstos para garantizar la estabilidad laboral, la continuidad de las cargas horarias y los derechos de docentes titulares, interinos y suplentes.

 

Escuelas, presupuesto y matrícula

 

El pedido incorpora además una consulta específica sobre la posibilidad de que la reforma implique cierres, fusiones, absorciones institucionales, transformación de escuelas en anexos, reducción de cursos, cambios de sede o modificaciones de turnos. En caso de existir decisiones de ese tipo, se solicita identificar cada establecimiento involucrado, el fundamento de la medida, la matrícula afectada y la alternativa educativa ofrecida. También se pide informar sobre decisiones similares que hayan sido adoptadas durante 2025 y 2026.

 

En cuanto a los recursos, Cresto y los coautores solicitan conocer los fondos presupuestados y ejecutados para la modalidad durante 2025 y 2026, además de las previsiones para 2027. La información deberá discriminar personal, infraestructura, equipamiento, materiales y acompañamiento de trayectorias, e indicar si se proyectan ahorros derivados de la reforma y cuál sería su monto estimado.

 

El proyecto requiere asimismo datos de matrícula, ingresantes, egresados e interrupciones de cursado correspondientes a los ciclos 2024, 2025 y 2026, discriminados por departamento y establecimiento. También se solicitan datos sobre vacantes, demanda no atendida y criterios utilizados para la apertura y continuidad de cursos, con resguardo de los datos personales de los estudiantes.

 

El planteo sobre el derecho a estudiar

 

En los fundamentos, el proyecto sostiene que la educación de jóvenes y adultos permite retomar los estudios a personas que no pudieron completar su escolaridad en la edad prevista, y vincula esas trayectorias con situaciones laborales, económicas, familiares y de cuidado.

 

Los autores remarcan que la finalización de la secundaria amplía las posibilidades de acceder a un empleo, mejorar las condiciones laborales y continuar estudios, además de señalar que el acceso a la educación debe contemplar las condiciones concretas de vida de quienes integran esta modalidad. En ese marco, el pedido plantea que una eventual modificación debe ser evaluada en función de sus efectos sobre el acceso, la calidad, la continuidad educativa y los derechos laborales. También solicita conocer qué medidas se adoptarían para estudiantes que trabajan, tienen personas a cargo, viven en zonas rurales o presentan discapacidad.

 

Finalmente, el proyecto requiere que se informe cómo se evaluará el impacto de la reforma sobre el abandono escolar, la accesibilidad territorial, la calidad de los aprendizajes y las posibilidades de continuar estudios o acceder al empleo. En los fundamentos se aclara que no se presume la existencia de un cierre general de escuelas ni una reducción de horas ya aprobada, sino que se busca obtener información verificable sobre la propuesta, su presupuesto y sus posibles consecuencias.

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