La diputada provincial María Elena Romero se pronunció sobre la discusión generada en Entre Ríos a partir de la implementación del nuevo sistema de provisión de desayunos y meriendas escolares. Al respecto, planteó que el debate debe contemplar las razones que llevaron al Gobierno provincial a modificar el esquema vigente.
En ese sentido, Romero sostuvo que “la discusión que se abrió en Entre Ríos alrededor del nuevo sistema de provisión de desayunos y meriendas escolares es, en definitiva, una discusión sobre qué Estado queremos construir”.
La legisladora también hizo referencia a la intervención de la Justicia y remarcó que sus decisiones deben ser respetadas. Sin embargo, señaló que es necesario analizar los alcances concretos de la sentencia y las cuestiones que permanecen vigentes.
Romero explicó su lectura sobre el fallo judicial
“Hay decisiones que pueden resultar incómodas. Hay transformaciones que generan resistencias. Y hay momentos en los que gobernar significa asumir el costo político de cambiar aquello que durante años se hizo de una determinada manera”, expresó Romero.
Al referirse específicamente al fallo, sostuvo que “no anula la licitación, no rescinde el contrato vigente, no impide el sistema centralizado de provisión ni ordena regresar al mecanismo anterior”.
Asimismo, señaló que la sentencia reconoce facultades del Poder Ejecutivo para organizar el Programa Alimentario Escolar y definir mecanismos de adquisición, productos, menúes, proveedores y controles. “Cabe aclarar que, dicho fallo es positivo, y que nunca se pensó desde el Gobierno Provincial que se autorizen productos con etiquetado frontal”, afirmó.
La centralización y los controles
Romero también destacó que, según su interpretación, la resolución judicial otorgó valor a la documentación técnica presentada por la Provincia y consideró acreditado que la centralización de las compras respondió a un diagnóstico previo.
“Los documentos elaborados por el propio Estado provincial muestran con claridad cuál fue ese diagnóstico. Las compras descentralizadas dificultaban garantizar un estándar nutricional uniforme y las auditorías realizadas detectaron irregularidades que derivaron en denuncias penales”, sostuvo.
En ese marco, la diputada planteó que “cuando un sistema dificulta saber qué se compra, cuánto se paga y qué recibe cada estudiante, el Estado tiene la obligación de revisarlo”. Para Romero, ese diagnóstico es parte central del debate sobre el nuevo esquema de alimentación escolar.
El caso ocurrido en Feliciano
La legisladora también mencionó el episodio ocurrido en una escuela de San José de Feliciano, relacionado con la compra de botellas de vino. Romero aclaró que no pretendía detenerse “en la veracidad ni en lo que pudo haber ocurrido”, aunque consideró que se trata de una situación que debe ser tomada con seriedad.
“No se trata de señalar a quienes todos los días sostienen las escuelas y los comedores. Directivos, docentes, cocineras y trabajadores han realizado durante años una tarea enorme”, expresó.
En esa línea, sostuvo que “no podemos pedirle a cada escuela que sea simultáneamente una institución educativa, una unidad de compras, un centro logístico y una oficina de control del gasto público”. La diputada vinculó esa situación con la necesidad de modificar el esquema de administración de los recursos destinados a la alimentación.
El objetivo de la transformación
Romero explicó que la centralización permitiría establecer criterios comunes y fortalecer los mecanismos de seguimiento. “La centralización de desayunos y meriendas permite establecer criterios nutricionales comunes, definir previamente los productos, fortalecer la trazabilidad y mejorar el seguimiento de los recursos”, afirmó.
Además, sostuvo que el nuevo esquema permitiría reducir la carga administrativa sobre los establecimientos educativos. Según expresó, esto posibilitaría que “directivos y docentes” puedan concentrarse en su función principal, vinculada con “enseñar y acompañar a los estudiantes”.
La legisladora también planteó que las políticas públicas deben permanecer sujetas a revisión. “Toda política pública puede y debe ser discutida. También debe ser corregida cuando la realidad, los controles o la Justicia indiquen que corresponde hacerlo”, señaló.
“La transparencia no se declama”
En su columna, Romero diferenció entre corregir una política pública y regresar al esquema anterior. “Una cosa es revisar, perfeccionar y adecuar una transformación y otra muy distinta es volver atrás sin considerar las razones que llevaron a impulsarla”, afirmó.
La diputada sostuvo además que el nuevo sistema incorpora herramientas destinadas a mejorar el control de los recursos. “El nuevo esquema incorpora mecanismos de trazabilidad, monitoreo y control que buscan que los recursos destinados a la alimentación de nuestros chicos sean más transparentes y auditables”, indicó.
Finalmente, Romero vinculó la transformación con una decisión política del gobernador Rogelio Frigerio y sostuvo que “gobernar también significa tener el coraje de cambiar aquello que durante años se naturalizó”. En ese sentido, afirmó que “la transparencia no se declama: se construye con decisiones concretas, controles y capacidad de corregir”.
