Pagliotto, quien participa del amparo colectivo presentado contra la implementación del nuevo sistema, sostuvo que la respuesta oficial provincial intenta vincular dos cuestiones que, a su criterio, deberían analizarse por separado: por un lado, las eventuales irregularidades administrativas en el manejo de los fondos destinados a los comedores; y por otro, la calidad y composición nutricional de los productos que se pretende distribuir mediante Teknofood.
En diálogo con Diario Río Uruguay, el letrado consideró que “es un argumento débil” la explicación brindada por la Provincia, desde donde se apuntó a las irregularidades administrativas en algunos comedores escolares. Agregó que se trata de una línea argumental con “poca solidez” para justificar una modificación de esta magnitud.
Según explicó, si existieron irregularidades en determinados establecimientos, la respuesta debería ser reforzar los mecanismos de control, auditoría y trazabilidad del dinero, pero no modificar el sistema de alimentación escolar. “Una cosa es una irregularidad administrativa que, por supuesto, debe sancionarse, darse a publicidad y ser efectivamente controlada, investigada y sancionada. Ahora, no hay que mezclar las cosas”, sostuvo.
Responder a "una mala administración con una mala alimentación”
El abogado puso como ejemplo la situación de los comedores de Concordia, donde —según señaló— se habrían detectado cinco de los diez casos de irregularidades que la Provincia utilizó como parte de sus cuestionamientos al sistema descentralizado.
En ese sentido, consideró que, sobre un universo de más de mil escuelas, se trata de un porcentaje reducido que no justificaría, a su entender, abandonar el esquema vigente.
“Refuerce los controles, refuerce la auditoría”, reclamó Pagliotto, quien incluso planteó que el Estado podría establecer un comité administrativo-contable para controlar la trazabilidad de los fondos destinados a desayunos y meriendas.
Pero además propuso un segundo mecanismo de control: incorporar profesionales especializados en nutrición que supervisen la calidad de los alimentos y asesoren a los establecimientos escolares.
El otro eje del cuestionamiento: qué comen los chicos
Más allá de la respuesta oficial sobre las irregularidades administrativas, Pagliotto insistió en que el eje central del amparo colectivo está puesto en la composición de los productos que se pretende incorporar a los desayunos y meriendas.
En particular, mencionó la legislación nacional sobre alimentación saludable, la Ley Provincial 10.594 y disposiciones del Consejo Federal de Educación que, según su interpretación, establecen restricciones respecto del consumo de productos ultraprocesados por parte de niños, niñas y adolescentes en establecimientos educativos.
En ese marco, sostuvo que la discusión no es meramente semántica respecto de si se trata de “productos” o “alimentos”, sino que involucra directamente su valor nutricional y el cumplimiento de las normas vigentes.
La Justicia, recordó, dispuso cautelarmente que mientras se resuelve la cuestión de fondo continúe el sistema descentralizado y se suspenda el suministro de desayunos y meriendas provistos por Teknofood.
Pagliotto defendió el sistema descentralizado
Otro de los argumentos expuestos por el abogado estuvo relacionado con el destino económico de los recursos públicos.
Según planteó, mantener el esquema descentralizado permite que los fondos destinados a los comedores circulen entre comercios locales —como almacenes, panaderías, verdulerías y supermercados— en lugar de concentrarse en una única empresa.
Pagliotto también cuestionó los antecedentes que, según afirmó, tiene Teknofood en otras jurisdicciones y sostuvo que la Provincia podría mejorar sustancialmente el sistema existente mediante controles más estrictos sin necesidad de reemplazarlo.
Mientras tanto, continúa abierto el plazo para adherir al amparo colectivo. Según informó el abogado durante la entrevista, hasta el momento de la conferencia de prensa ya se habían registrado más de 400 adhesiones, y el plazo dispuesto judicialmente se extiende hasta este domingo inclusive.
La disputa judicial, de esta manera, mantiene dos discusiones paralelas: la que plantea la Provincia sobre las presuntas irregularidades en el manejo de los fondos de los comedores y la que sostienen las organizaciones y familias que impulsan el amparo, centrada en la calidad nutricional y la legalidad del nuevo esquema de provisión de alimentos escolares.
