La concejal Claudia Villalba cuestionó las actuaciones del Ejecutivo de Concordia que precedieron a la aprobación unánime de la ordenanza que derogó la adhesión municipal a la Ley Provincial 9.393 de Grandes Superficies Comerciales.
En diálogo con Diario Río Uruguay, sostuvo que la decisión se tomó a último momento para permitir la apertura de un nuevo comercio “porque fallaron todas las instancias anteriores a esto”. En ese contexto, explicó que “no se puede dejar en este momento personas que están por ingresar a trabajar sin esa posibilidad”.
Según relató, la Municipalidad había otorgado el permiso de uso de suelo al establecimiento, pero su habilitación comercial estaba alcanzada por la normativa provincial. A su entender, las áreas municipales debieron advertir esa situación y acompañar a la empresa desde el inicio para adecuarse a los requisitos vigentes.
Las actuaciones previas
“Cuando se hace el permiso, si sabés que es una empresa y a qué se dedica, tenés que informarle cómo es el tema de la habilitación para el local comercial”, manifestó Villalba. Consideró que esa intervención habría permitido analizar alternativas antes de llegar a la derogación.
La edil comparó lo ocurrido con el procedimiento aplicado para la habilitación de Diarco. Recordó que en aquella oportunidad se realizaron reuniones con las partes involucradas para encontrar una solución sin derogar disposiciones.
“Lo que siempre se hacía era acompañar al comerciante a que pueda readecuar su comercio a las normas vigentes”, señaló, al cuestionar la falta de una coordinación anticipada entre la empresa y las dependencias municipales.
Los puestos de trabajo
Al explicar su voto favorable, Villalba remarcó que la incorporación de trabajadores fue determinante. “Nadie va a votar en contra de que 30 personas ingresen a trabajar, que 30 familias empiecen a recibir un sustento de su trabajo”, afirmó.
La concejal vinculó esa posición con las dificultades laborales de Concordia, aunque aclaró que acompañar la apertura del establecimiento no implica avalar el procedimiento utilizado para resolver su habilitación.
“Se debería acompañar a los comercios, se debería acompañar a los empresarios que quieren invertir en Concordia, pero también cumpliendo las normativas precisas”, expresó.
El planteo de las instituciones
Consultada sobre los cuestionamientos del sector comercial, Villalba sostuvo que comprende la importancia de proteger a los empresarios locales. “Acá sí tienen razón, hubo varias falencias que después recaen en el Concejo Deliberante, que tiene que hacer este desenganche, pero todas las cuestiones administrativas del Ejecutivo municipal obviamente fallaron”, manifestó.
También señaló que su bloque había propuesto una reunión con los sectores involucrados antes de resolver la derogación. Según explicó, plantearon dialogar con el oficialismo y la Presidencia del Concejo para evaluar alternativas, aunque consideró que finalmente la decisión se tomó de manera apresurada.
En ese sentido, mencionó que habría sido conveniente convocar al Centro de Industria y Comercio, CASCO y el Centro de Empleados de Comercio. Indicó además que, hasta el momento de la entrevista, no habían recibido contactos del Centro de Industria y Comercio para analizar una eventual revisión de lo aprobado.
Una incorporación que ya estaba prevista
Villalba confirmó que habían dialogado con representantes del gremio mercantil y que la incorporación de los 30 trabajadores ya estaba prevista cuando se resolvió la derogación.
Según detalló, el personal contaba con uniformes y había recibido capacitación, por lo que la organización de la apertura se encontraba avanzada.
“Si esta empresa está trabajando y está haciendo todo este movimiento, desde la Municipalidad, desde las áreas administrativas, tendrían que haber trabajado en conjunto”, sostuvo, al reiterar que el conflicto debió abordarse en las instancias previas a su llegada al Concejo Deliberante.
