El fiscal de Estado de la provincia, Julio Rodríguez Signes, en diálogo con Diario Río Uruguay, se refirió a las últimas resoluciones de la justicia provincial en el transcurso del fin de semana.

El funcionario señaló que, en síntesis, la provincia "dice, bueno, está bien, nosotros acatamos esto de no entregar productos con octógonos, respecto a la ley de etiquetado frontal”. Pero subrayando que “el acto licitatorio y todo el procedimiento, el contrato inclusive, están vigentes y no se cuestionan, son legítimos, regulares y se cumplen”. En ese marco, aclaró que lo que debe controlarse es que los alimentos entregados no tengan los rótulos alcanzados por la normativa.

De esta forma, la empresa Teknofood, que sigue teniendo a su cargo el suministro de alimentos para los desayunos y meriendas escolares de Entre Ríos, deberá entregar productos que no tengan los octógonos, con advertencia establecidas por la Ley de Etiquetado Frontal.

La obligación de la empresa

Consultado sobre qué ocurrirá con los productos que actualmente tienen octógonos, Rodríguez Signes reiteró que desde la firma tendrán "que proveer alimentos que no tengan ningún rótulo”.

Ante la consulta sobre si esos productos deberán ser entregados por el mismo proveedor, el funcionario respondió que “será con el mismo proveedor”. En ese sentido, remarcó que “la obligación, en este caso, es que la empresa que debiera brindar productos que no tengan octógono”.

Rodríguez Signes explicó que la firma no podría argumentar que no cuenta con alternativas para cumplir con la disposición judicial y sostuvo que “no puede hacer eso", ya que es uno de los puntos que está aclarado en el contrato administrativo.

El acuerdo continúa vigente

El fiscal de Estado señaló que “como contrato administrativo, la provincia tiene todo el derecho del mundo a establecer, dentro de la razonabilidad, de las buenas prácticas y de la legalidad, y a exigir determinadas condiciones. Una de ellas es esta”, dijo con respecto a lo que determinó la Justicia.

En relación con la posibilidad de que la empresa manifieste que no posee otros productos para suministrar, Rodríguez Signes fue categórico al señalar que, en ese caso, “no hay responsabilidad de la provincia” en caso de que la firma no pueda con esa exigencia.

Agregando que los abogados de la empresa están al tanto de esta resolución judicial, así que “la empresa tiene que arreglárselas para suministrar los productos correctamente dentro del contrato y de lo que el juez ha dicho”. De esta manera, el funcionario sostuvo que la decisión judicial no implica volver a licitar el servicio ni dejar sin efecto el contrato vigente.

La situación judicial

El origen del conflicto fue un amparo presentado por padres, el sindicato docente y la Fundación Cauce en relación con los alimentos incluidos en la licitación para desayunos y meriendas escolares. Según explicó Rodríguez Signes, los planteos estuvieron vinculados con productos que presentaban octógonos correspondientes a excesos de calorías, azúcares y sodio.

Haciendo un racconto de las ultimas novedades, Rodríguez Signes explicó que “el juez de primera instancia, el doctor Malvasio, dictó la sentencia el viernes y allí hace lugar al amparo” y señaló que el magistrado dispuso que la provincia controle que no se entreguen alimentos alcanzados por los rótulos cuestionados.

El funcionario agregó que “la provincia entendió que eso era correcto, por eso no apelamos la sentencia de primera instancia”. Sin embargo, explicó que la parte actora presentó posteriormente un pedido de aclaración y también interpuso un recurso de apelación contra la sentencia.

La apelación ante el Superior Tribunal

Respecto de la continuidad del proceso judicial, Rodríguez Signes explicó que “hoy está vigente eso, la apelación se va a resolver”. En ese sentido, indicó que será el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos el que deberá examinar la sentencia dictada en primera instancia.

El fiscal de Estado señaló que “el miércoles vence el plazo para expresar los fundamentos de la apelación” y explicó que, a partir de esa presentación, se podrá conocer con mayor precisión cuál es la pretensión de quienes recurrieron la resolución.

Rodríguez Signes sostuvo que “la nuestra es sostener la sentencia como está” y remarcó que “hay una conformidad por parte de la provincia con la sentencia”. Al mismo tiempo, aclaró que la parte actora mantiene una posición diferente, aunque todavía no se conocían los fundamentos de su apelación.

La empresa ya fue informada

Consultado específicamente sobre si la empresa que tiene a su cargo el suministro ya había sido informada sobre la situación y sobre las condiciones que deberá cumplir, Rodríguez Signes confirmó que la firma conoce el proceso judicial.

El fiscal de Estado señaló que “están perfectamente al tanto porque se invitó a todas las partes (involucradas) a tomar parte del proceso”.

En ese sentido, Rodríguez Signes afirmó que “la empresa está en conocimiento de todo lo que está sucediendo” y agregó que “hasta ahora no hay ninguna resistencia por parte de la empresa a ir acatando lo que los fallos judiciales van estableciendo”.