Pedido de informes en Diputados
En la iniciativa, firmada por los diputados Guillermo Michel, Kelly Olmos y Moira Lanesan Sancho, se solicita al Poder Ejecutivo Nacional, que, por intermedio de los organismos que correspondan, "informe a esta Honorable Cámara sobre las actividades de exploración y búsqueda de hidrocarburos impulsadas o autorizadas por el Reino Unido de Gran Bretaña en el área circundante a las Islas Malvinas".
Ejes
Entre los puntos centrales, se pide detalle de "cuáles fueron las actuaciones realizadas por la Cancillería Argentina frente a esos hechos, informe si el Gobierno nacional presentó o prevé presentar protestas diplomáticas formales ante el Reino Unido y en qué ámbitos internacionales fueron o serán efectuadas".
Además, se solicita información sobre "si se promovieron acciones ante las Naciones Unidas y otros organismos internacionales en defensa de los derechos soberanos de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes".
Michel también busca que se reporte "si el Poder Ejecutivo ha iniciado o prevé iniciar acciones administrativas, judiciales o sancionatorias contra empresas involucradas en actividades de exploración o explotación de hidrocarburos sin autorización de las República Argentina" y que se detalle cuál es la estrategia actual del Gobierno Nacional para "impedir el avance de actividades unilaterales de exploración y explotación de recursos naturales en el área en disputa".
Según los autores del proyecto, la solicitud se basa en que "toda actividad de exploración o explotación de recursos naturales autorizada unilateralmente por el Reino Unido constituye un desconocimiento de la jurisdicción argentina y una afectación directa de los derechos soberanos de una de nuestras provincias".
Las actividades de exploración hidrocarburífera desarrolladas sin autorización de la República Argentina vulneran "el derecho internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas que instan a ambas partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales capaces de modificar la situación existente mientras subsista la controversia de soberanía".
Además, según el pedido, implican "la apropiación ilegítima de recursos estratégicos que pertenecen al pueblo argentino y comprometen el desarrollo económico, energético y científico de nuestro país".
