El diputado nacional Guillermo Michel presentó un proyecto de ley para modificar el artículo 277 del Código Penal y eliminar la denominada “excusa absolutoria familiar” en los casos de encubrimiento de femicidios, femicidios vinculados y homicidios dolosos cometidos en contextos de violencia de género.
La propuesta apunta a que familiares, convivientes, amigos íntimos o personas cercanas al autor de un crimen puedan ser penalmente responsables cuando lleven adelante acciones destinadas a garantizar su impunidad. Entre esas conductas se incluyen la ocultación de pruebas, la alteración de la escena del hecho, la destrucción de rastros o el suministro de información falsa a la Justicia.
Modificar una excepción vigente en el Código Penal
Según explicó el legislador, el proyecto busca corregir una contradicción existente en la normativa actual. Si bien la Ley 26.971 incorporó la figura del femicidio al Código Penal y reconoció la gravedad de la violencia de género, continúa vigente una exención de responsabilidad para determinadas personas cercanas al autor del delito, aun cuando participen activamente en maniobras de encubrimiento.
La iniciativa plantea que esa protección legal no resulte aplicable cuando se trate de delitos contra la vida cometidos en un contexto de violencia de género, debido a la especial trascendencia y gravedad de estos hechos.
Adecuación a compromisos internacionales
Michel sostuvo además que el proyecto procura adecuar la legislación argentina a los compromisos asumidos por el país en materia de derechos humanos, particularmente a través de la Convención de Belém do Pará y otros instrumentos internacionales que obligan al Estado a investigar, juzgar y sancionar eficazmente la violencia contra las mujeres.
En ese marco, consideró que la iniciativa cobra relevancia en un contexto que describió como de retroceso en las políticas de género y prevención de la violencia.
Al fundamentar el proyecto, Michel afirmó que “la protección de los vínculos familiares no puede llegar al punto de neutralizar la obligación estatal de investigar, juzgar y sancionar hechos que lesionan de manera irreversible la vida, la integridad, la dignidad y la libertad de las mujeres”.
Asimismo, aclaró que la propuesta “no penaliza la mera pasividad, el silencio ni la abstención de declarar”, sino que apunta específicamente a castigar “el encubrimiento activo de femicidios y de delitos contra la vida cometidos en un contexto de violencia de género”.
