Pastores piden declarar la emergencia alimentaria en Concordia
Desde la Asociación de Pastores de Concordia (APUC) se emitió un documento dirigido al intendente de Francisco Azcué, "con el propósito de expresar nuestra profunda preocupación ante la crisis socioeconómica que impacta de manera creciente en nuestra comunidad". El sector expresa que es una "realidad de público conocimiento, respaldada por indicadores técnicos de entidades que monitorean la coyuntura económica".
Pobreza
Según el texto, "las estadísticas oficiales no son meras cifras, se traducen en rostros concretos y realidades humanas que demandan ser abordados con la mirada de compasión de Jesús, al ver a las multitudes desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor", por lo que los pastores apelan "a la responsabilidad de quienes tienen en sus manos la facultad de implementar soluciones, al menos de mitigación inmediata, ante este escenario social".
Según APUC, la "gravedad de la situación exige priorizar lo urgente mediante acciones rápidas y concretas por parte de los organismos del Estado". En ese contexto, si bien reconocen "la existencia de políticas públicas, estas resultan hoy insuficientes ante la magnitud del escenario actual".
En efecto, sostienen, "es imperativo recordar que garantizar el bienestar social es una responsabilidad estatal indelegable, más allá del esfuerzo complementario que realizamos las ONGs y organizaciones de fe".
Entre las problemáticas actuales citan al "DESEMPLEO, INFORMALIDAD LABORAL, POBREZA ESTRUCTURAL, DETERIORO VIAL, ADICCIONES, SUICIDIOS" pero - de forma urgente - expresan que lo que más preocupa "es la cuestión alimentaria".
Carta
En la carta abiera, los pastores consideran "que urge garantizar la seguridad alimentaria de las familias", por tal motivo solicitan "formalmente al Ejecutivo Municipal y al Honorable Concejo Deliberante de Concordia:
1. La urgente declaración e implementación de la Emergencia Alimentaria, conforme a la Ley Provincial N° 11.140.
2. Efectuar un relevamiento nutricional exhaustivo de la población de Concordia, que permita obtener datos precisos sobre el estado de malnutrición en los sectores más vulnerables y diseñar políticas de intervención basadas en la realidad territorial.
3. La urgente gestión e implementación de políticas que impulsen la creación de fuentes del empleo dignas y genuinas.
4. El cumplimiento integral de los acuerdos suscriptos oportunamente por cientos de instituciones, entre ellos el Pacto de San Antonio de Padua de la Concordia y el reciente Pacto de Julio, instrumentos basados en el compromiso ético de velar por el bien común.
5- Declaración de emergencia de la SALUD MENTAL, abordaje y prevención de sus consecuencias, tales como CONSUMO PROBLEMÁTICO Y SUICIDIO".
APUC entiende "que este escenario es persistente y no es de ahora, pero su agudización en el último período es crítica", por eso consideran "que aumentar la asignación de recursos es prioritario para asistir a miles de familias en situación de vulnerabilidad extrema".
Es más, en el documento advierten que esta "condición social se profundice aún más tanto a corto plazo como a mediano plazo y que haya que lamentar consecuencias irreparables".
El deterioro del tejido social es "evidente en la vía pública, cada vez son más los casos de personas en situación de calle, particularmente en los puntos de acopio de residuos donde familias enteras acuden para saciar su hambre", sostiene. Subrayando que "esta realidad no se resuelve mediante la estigmatización o el desplazamiento de esas personas, sino con políticas integrales que DEVUELVAN LA DIGNIDAD Y ELIMINEN LA MARGINALIDAD COMO MÉTODO DE SUBSISTENCIA".
Con todo, el sector cree que "los indicadores de un eventual relevamiento nutricional sobre niños y adultos mayores revelarían hoy un panorama alarmante con consecuencias sistémicas, exponiendo el deterioro de la salud integral y el impacto cognitivo provocado por la malnutrición, con efectos colaterales irreversibles en la salud mental y emocional de la población".
Por último, recordaron que esta problemática "fue un aspecto que oportunamente solicitamos tener en cuenta al momento de nuestra participación en la firma del pacto de Julio". Y aclararon que no buscan "deslindar responsabilidades de la actual situación social, sino concientizar de la urgencia de soluciones concretas".
En ese sentido, destacaron que lo solicitado "no debería ser considerado una erogación presupuestaria, sino una inversión social necesaria y un acto de justicia".
