Recortes en Discapacidad. Por 63 votos afirmativos, el Senado de la Nación ratificó este jueves la Ley de Emergencia en Discapacidad y rechazó el veto total que había impuesto el presidente Javier Milei. La decisión obligará al Poder Ejecutivo a promulgar la ley, en cumplimiento del artículo 83 de la Constitución Nacional. El caso marca un hito legislativo: hacía 22 años que el Congreso no invalidaba un veto presidencial.
La norma había sido aprobada inicialmente con amplio respaldo en ambas cámaras, por más de dos tercios de los votos. Esta nueva insistencia confirma ese consenso parlamentario y da respuesta a los reclamos del colectivo de personas con discapacidad, que denunciaba recortes en pensiones, atrasos en pagos a prestadores y falta de actualización de aranceles.
La norma declara la emergencia en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026 e instruye al Poder Ejecutivo a garantizar financiamiento adecuado y sostenido para pensiones no contributivas, prestadores y programas específicos. Además, se habilita la actualización automática de aranceles y se autoriza a otorgar pensiones a personas mayores de 70 años o con discapacidad sin recursos propios, que cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD).
También incorpora mecanismos de diálogo institucional con el Consejo Federal de Discapacidad y faculta al jefe de Gabinete a realizar ampliaciones presupuestarias sin afectar partidas de servicios sociales.
Repercusiones
Daniel Miñón, integrante de Prestadores Unidos y uno de los que participó de la caminata hacia la Casa Rosada, calificó la jornada de este jueves en el Senado como "muy buena".
En diálogo con Diario Río Uruguay, el referente del sector afirmó que "por suerte los senadores mantuvieron su voto positivo, como ya le hicieron la vez anterior y dictaminaron que este proyecto se vuelva ley hasta diciembre de 2027".
Recortes
En efecto, agregó, es "lo que se deseaba desde hace unos 8 meses, cuando se había entregado este proyecto de ley y cuando se inició todo esto, con los reclamos y las movidas a nivel nacional".
Según Miñon, el respaldo "garantiza una mejor prestación para la persona con discapacidad, que necesitan para su mejoramiento de vida, con sus profesionales, incluyendo insumos, medicamentos y es algo que realmente se estaba necesitando porque era impresionante como cada vez más estaban recortando desde el gobierno".
Además, citó el caso "con las pensiones también, por eso era necesario lograr que esta ley entré en vigencia porque ya era insostenible la situación que se estaba viviendo en todo el país".
Reclamo
Miñón recalcó que el reclamo es generalizado. "A nivel nacional tenemos un grupo grande de WhatsApp donde están todos los referentes de cada provincia, a nivel nacional, por Prestadores Unidos en Discapacidad, acá en Entre Ríos somos dos, por la costa del Paraná está un muchacho kinesiólogo y por la costa del Uruguay estaría yo", puntualizó.
En ese contexto, comentó que en Concordia "tengo entendido por los certificados CUD, que se van entregando en el hospital Felipe Heras, las personas que se podían haber perjudicados si el veto prosperaba está calculado que tiene que haber un promedio de más o menos mil personas en esta ciudad".
