Diario Río Uruguay pudo confirmar que el procedimiento fue realizado por personal de comisaría Séptima. La disputa se originó por la posesión de una propiedad social cuya venta está prohibida.
Según se informó oficialmente, la disputa surgió entre dos familias por la posesión de una vivienda social. En principio, una de las partes alquilaba la propiedad a la otra, pero tiempo después intentó venderla, asegurando contar con documentación otorgada por el Instituto de Viviendas y Tierras Autárquico Municipal (IN.V.Y.T.A.M.) de Concordia.
Frente a esta situación, la familia inquilina realizó una denuncia ante el organismo, ya que la venta de este tipo de inmuebles está expresamente prohibida. Tras analizar el caso, el IN.V.Y.T.A.M. resolvió adjudicar la titularidad del terreno y la vivienda a los inquilinos.
Amenazas y agresiones
Sin embargo, la decisión desató una reacción violenta de la otra parte, que ingresó al domicilio junto a familiares y vecinos, mediante amenazas y agresiones físicas. Como consecuencia de este accionar, la familia adjudicataria se vio forzada a abandonar el lugar por temor a represalias.
Tras la denuncia correspondiente, se dio intervención a la Justicia y se ordenaron allanamientos en distintos domicilios del barrio. Las actuaciones continúan bajo la supervisión de la fiscalía interviniente.
