“Permitirá al Estado tener un rol más activo en el mercado de cereales y oleaginosas y sostener la soberanía alimentaria nacional”, destacó el legislador.
Loggio, además, precisó que con estas medidas del Gobierno nacional “se resguarda además el interés general de argentinos y argentinas, comprometida por las decisiones al menos desacertadas de las autoridades del Banco Nación durante la administración macrista, que otorgaron créditos irrecuperables a una empresa que financió la campaña de Juntos por el Cambio y que luego dejó de cumplir con sus compromisos”.
El legislador apuntó que la administración estatal de una operadora de la magnitud de Vicentín, permitirá al Estado tener peso propio en el mercado de granos, arrojando además transparencia sobre los despachos al exterior que se realizan, siempre sospechados de ser facturados a través de las subsidiarias de Uruguay o Paraguay de la firma intervenida.
