En el encuentro de la Comisión de esta mañana debía tratarse el proyecto del diputado Esteban Vitor (PRO) para que el 35% de la tasa de justicia sea administrado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y de la Defensa (MPD), modificando el status quo creado a partir de 2010 cuando por ley se le otorgó el manejo del 100% de estos fondos al Superior Tribunal de Justicia (STJ).
La reunión se hizo de forma mixta: el presidente de la Cámara, Angel Giano, y el de la bancada oficialista, Juan Navarro, estuvieron presentes en la reunión junto al titular del STJ, Martín Carbonell y las cabezas del MPF, Jorge García, y del MPD, Maximiliano Benítez. Los demás legisladores participaron de forma remota vía Zoom.
Según informaron a esta Agencia fuentes legislativas, el presidente del STJ expuso con claridad que la postura del Superior en conjunto era opuesta a la iniciativa de Vitor. Incluso deslizó que algunos integrantes del Alto Cuerpo consideran que sería una injerencia del Poder Legislativo sobre facultades del Judicial y, por lo tanto, un acto inconstitucional.
Sin embargo, Carbonell reconoció, a título personal y ya no hablando en representación de los nueve integrantes del STJ, que el planteo de que los Ministerios públicos administren sus propios recursos era “de estricta justicia”.
La impresión que se llevaron legisladores y legisladoras presentes fue que Carbonell presentó la posición del cuerpo en su conjunto, y que no se sentía cómodo en ella pese a lo cual mantuvo la postura institucional. Incluso recordaron que, cuando se barajó sancionar esta norma hace 20 días sobre tablas y sin despacho de comisión, había deslizado su acompañamiento, aunque barruntando que tal vez el porcentaje podría ser del 25 y no del 35%.
El contrapunto más fuerte a esta posición estuvo en Benítez, quien en una pormenorizada exposición, con apelación al texto constitucional entrerriano, doctrina y antecedentes de otras jurisdicciones, sostuvo la viabilidad de que tanto la Defensoría como la Fiscalía tengan manejo de sus propios fondos, algo que hace a la autonomía consagrada en la constitución provincial, tras la reforma de 2008.
Además, puso sobre el tapete que al MPD van a golpear la puerta para acceder a la justicia los sectores más postergados y marginados de la sociedad.
En la misma línea, aunque sin marcarla demasiado, se colocó García. Pese a sostener la necesidad de que ambos Ministerios manejen sus propios recursos, terminó comentando que la Fiscalía necesitaba fondos “como sea”, es decir independientemente de si se les otorga o no el control sobre el 35% de la tasa de Justicia. En su exposición, dedicó más tiempo a contar sus quejas contra el ex titular del STJ, Emilio Castrillón, afirmando sentirse “atacado” e “ignorado”.
Un momento difícil se vivió cuando Vitor interrogó a Carbonell sobre la disponibilidad de los fondos y los remanentes sin utilizar de la tasa de justicia. El legislador consultó si quedaban pendientes de ejecución 140 millones de pesos y el magistrado bajó la cifra a unos $ 110 millones. El apuro se vivió cuando el titular de la bancada del PRO pidió que confirme si estos recursos estaban colocados a una tasa de interés del 10%, en un claro escenario de desvalorización (la inflación corrida en los últimos meses fue del 45%). Carbonell no respondió directamente y quedó en hacer llegar la información correspondiente.
El legislador oficialista José Cáceres planteó la alternativa de que la redistribución de fondos se haga por acordada del STJ (la forma de regular la actividad que tiene el máximo órgano judicial), pero Benítez apuntó que, ante la postura que llevó Carbonell sobre lo que se pensaba en el pleno del cuerpo, esa vía parecía imposible.
Sin una decisión clara por parte de los legisladores que integran la comisión, sumado a que la conferencia vía la aplicación Zoom se cortó, el debate sobre si la tasa de justicia seguirá en su totalidad bajo el arbitrio del STJ o si, como ocurre en Mendoza y Chubut, los Ministerios Públicos reciben el 35% en forma directa quedó postergado. (APFDigital)
Fuente: APF Digital
