En medio de un escenario que ya había generado debate político y cuestionamientos en el Concejo Deliberante, el municipio de Concordia difundió los principales puntos del convenio firmado con la empresa Vitsa Soluciones Ambientales S.A., que actualmente tiene a su cargo parte del servicio de recolección de residuos en la ciudad.
Cabe recordar que, tal como publicó oportunamente Diario Río Uruguay, la concesión del servicio fue habilitada tras la aprobación de la emergencia ambiental, una herramienta que permitió avanzar con una contratación directa mientras se proyecta un esquema de licitación pública.
Según se desprende del documento oficial, el objeto del contrato es la “prestación del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos urbanos (RSU)”, abarcando tanto los residuos domiciliarios embolsados como los depositados en contenedores o dispersos en la vía pública.
El convenio establece además que la prestación se realizará en sectores determinados del ejido urbano, conforme a recorridos y frecuencias definidos en anexos técnicos, los cuales podrán ser modificados por el municipio en función de las necesidades del servicio.
Alcances del servicio y supervisión
En cuanto a la operatoria, el texto indica que la empresa contará con “autonomía operativa para la ejecución del servicio”, aunque bajo supervisión del municipio, que se reserva la potestad de introducir ajustes en los recorridos o condiciones de prestación.
También se prevé que la firma deberá “informar incidencias detectadas durante la prestación”, especialmente ante situaciones en las que se identifiquen residuos que no correspondan a la categoría de RSU.
Otro aspecto central es el control administrativo, ya que la empresa tendrá la obligación de “presentar certificaciones mensuales de los servicios efectivamente prestados”, condición necesaria para la validación de las tareas y la habilitación de los pagos.
Recursos y condiciones contractuales
El documento establece que la empresa será responsable de aportar “la totalidad de los vehículos, equipos y personal necesarios para la correcta prestación del servicio”, incluyendo choferes y operarios habilitados.
Asimismo, se deja expresamente aclarado que “no existirá relación de dependencia entre las partes”, encuadrando el vínculo dentro de una prestación de servicios de carácter contractual.
En relación a los recursos materiales, también se contempla que los camiones podrán ser utilizados como soporte publicitario, indicando que “un porcentaje de los espacios podrá ser destinado a la empresa, mientras que el resto quedará a disposición del municipio”.
Costo del servicio y actualización
En el plano económico, el convenio fija que el precio será de “250.000.000 de pesos mensuales, IVA incluido”, uno de los puntos que mayor atención generó desde que se conoció la implementación del nuevo esquema.
El acuerdo establece que dicho monto será actualizado de manera “trimestral”, mediante una fórmula que contempla variables como salarios del sector, índices mayoristas y costos de combustibles, buscando “garantizar la continuidad y sustentabilidad del servicio en el tiempo”.
Recursos, personal y equipamiento
El convenio también fija de manera específica la estructura mínima que deberá garantizar la empresa para la prestación del servicio. En ese sentido, se establece una “nómina de recursos afectados, como mínimo, para garantizar la correcta prestación”, que incluye “5 choferes, 10 operarios, 2 mecánicos, 2 supervisores, 1 coordinador y 2 trabajadores de lavadero”.
En cuanto al equipamiento de vehículos, el documento detalla la utilización de “3 unidades (camiones) prensa de carga trasera”, además de “1 unidad de supervisión y 1 unidad de mantenimiento”. Asimismo, se aclara que los vehículos “no podrán tener una antigüedad mayor a 10 años”, salvo situaciones excepcionales debidamente justificadas y autorizadas por el municipio.
