El hecho tiene como protagonistas a una pareja se separa luego de varios años de violencia de género, tras lo cual la Justicia dispone un régimen de visitas del padre a su hijo, con días y horarios precisos en el Área de la Niñez y la Familia (ANAF) de la Municipalidad de San Salvador.
Luego de uno de estos encuentros, la madre denuncia que el niño de 3 años fue abusado por su padre en la misma dependencia oficial. La Fiscalía abrió una investigación, pero luego la archivó porque las pericias psicológicas y psiquiátricas desestimaron la versión de la mujer.
Poco después, la psicóloga particular del niño advirtió claros indicios de la violación. Sin embargo, cuando fue a aportar la prueba a la Justicia, tanto por obligación ética como legal, la rechazaron e incluso la cuestionaron por querer denunciar.
Ahora la madre del niño reclama que la investigación vuelva a foja cero para encarar una nueva causa, sin las irregularidades y suspicacias que señalaron sobre el proceso judicial. Esta vez decidió ir hasta lo último: se presentó para ser querellante (representada por el abogado Patricio Cozzi) y si no la escuchan investigará por su cuenta y buscará llevar a juicio a su expareja como querella autónoma.
Prueba clave
La profesional que atiende al niño había declarado en la Fiscalía, y su testimonio no fue contundente acerca de la posibilidad de que su paciente haya sido víctima de abuso sexual. Pero las terapias psicológicas tienen sus tiempos. Luego de que la causa fuera archivada, la psicóloga se presentó nuevamente en la Fiscalía para pedir declarar nuevamente. Explicó que el niño relató la violación sufrida por parte de su padre y esto debía constar en el legajo de investigación. La respuesta la sorprendió: le dijeron que no era posible, porque la causa se había archivado.
Cuando insistió para aportar una prueba clave, la reprendieron, incluso en el mismo Juzgado de Familia de San Salvador. La psicóloga tiene el audio de la sesión con su paciente, en el que registró cómo claramente la víctima describe lo que sufrió, y es la prueba que ahora la madre del niño pide que se tenga en cuenta para reabrir la investigación.
Pericias cuestionadas
Esto no es lo único que llenó de dudas a la mujer que hace más de dos años hizo la denuncia sobre la respuesta institucional. La asombró que las profesionales que le hicieron las entrevistas a ella, a su hijo y al acusado de violador, fueron las mismas que trabajan en el equipo del Área de la Niñez y la Familia de San Salvador e intervenían en el trámite judicial por las visitas del padre al hijo. Teniendo en cuenta que la denuncia remarca que el hecho sucedió en el mismo ANAF, por una cuestión lógica de imparcialidad, nadie de ese área municipal debería haber tenido injerencia en la causa penal. Más aún cuando la profesional que coordina ese equipo tendría un vínculo directo con el director del ANAF.
Esto llamó la atención más todavía en razón de que habitualmente, ante este tipo de casos en ciudades del interior de la provincia, las pericias a cada parte (la madre que denuncia, el hombre acusado y la víctima) se realizan en otras ciudades y por psicólogos distintos. Aquí, todos intervinieron en las tres pericias, fueron los mismos, y del mismo lugar.
Quizá el aspecto más llamativo de esta historia fue que para esta pericia no se solicitó a las profesionales que definan la personalidad del acusado. Un dato clave para imputar a violadores es si es un perverso, por ejemplo. En cambio, sí lo pidió la defensa para la mujer que denunció. La madre lo sintió como una revictimización y humillación. La perspectiva de género en este aspecto habría quedado ausente.
Con o sin la Fiscalía, buscará justicia
La decisión sobre cómo seguirá esta historia en la Justicia está en manos de la fiscal de San Salvador, María Clara Mondragón Pafundi, y luego del juez de Garantías de Concordia, Mario Andrés Figueroa.
En caso de que la representante del Ministerio Público fiscal decida desarchivar el legajo y reiniciar la Investigación Penal Preparatoria, la madre de la víctima tendrá una nueva esperanza. De lo contrario, la mujer quiere profundizar la pesquisa y lo hará por su cuenta. Para ello, solicitaría al juez que sea autorizada a imputar y, eventualmente, llevar a juicio a quien acusa de haber ultrajado a su hijo. Esta forma está contemplada en el nuevo Código Procesal Penal de la provincia, y tiene muy escasos antecedentes de haberse implementado.
Fuente: Diario UNO
