En declaraciones periodísticas, el policía jubilado Casarino había afirmado que tiene portación de arma y que trabaja en el ámbito municipal como parte del equipo de prevención y seguridad, como quienes están en los controles de acceso a Concordia.
“Es una escopeta 1270, con balas de goma”, había manifestado. Dos días después de este hecho, la Policía realizó un allanamiento en su domicilio y secuestró armas y cartuchos.
Causa
Al respecto, el fiscal Francisco Azcué comentó que “la causa se origina por la publicación de noticias en medios de comunicación, donde un grupo de vecinos hacían denuncias públicas que una persona – miembro de una guardia urbana – portaba armas de fuego, en la vía pública”.
En diálogo con Diario Río Uruguay, el funcionario judicial recordó que “la misma persona indicada salió a manifestar que sí, que tenía armas de fuego y que las portaba en el marco del cumplimiento de su trabajo como guardia urbano”. Subrayando que “esto motivó que comenzara una causa de oficio”.
“Se pide un informe al R.E.P.A.R. (División Registro Provincial de Armas) donde surge que esta persona no estaba habilitada para tener armas de fuego”, detalló el fiscal. Destacando que “en algún momento estuvo habilitado pero esa condición venció”, por lo que se procedió a allanar “y se secuestraron armas de fuego civil condicional, lo que se conoce como armas de guerra”.
Investigación
Azcué, curiosamente minimizó el hecho que Casarino pertenezca a la Guardia Urbana municipal. “No digo que no sea relevante, se está investigando, pero el delito es tener un arma de fuego sin tener autorización para ello”, mencionó.
En efecto, “sí, tengo entendido que pertenece a este cuerpo de Guardia Urbana que se desempeña custodiando unos terrenos por J. J. Valle y Gobernador Cresto y también ha tenido otros tipos de trabajo en otros organismos”, explicó.
A su entender, “hay una cuestión que es muy sencilla, uno puede dedicarse a la Seguridad, a la custodia pero para tener armas de fuego, hay que hacerlo de forma legal”.
