El Gobierno de Entre Ríos resolvió rechazar dos recursos administrativos presentados por agentes del hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia y ratificó decisiones previas vinculadas a una cesantía y a un reclamo salarial.
Las resoluciones fueron oficializadas este jueves a través de decretos publicados en el Boletín Oficial, en los que el Poder Ejecutivo confirmó las medidas adoptadas en instancias anteriores dentro del ámbito administrativo.
Por un lado, mediante el decreto Nº 778/2026, se rechazó el recurso de revocatoria presentado por la enfermera Adela Luisa Banchero y se ratificó su cesantía. La medida había sido dispuesta en 2024 tras un sumario iniciado en 2018, en el que se comprobaron 34 inasistencias injustificadas registradas durante 2016.
En su planteo, la ex agente había cuestionado la validez del proceso al considerar que el expediente había permanecido sin avances durante más de tres años. Sin embargo, el Ejecutivo provincial entendió que los plazos establecidos en la normativa son de carácter ordenatorio y no implican la pérdida de la potestad sancionatoria.
Demora administrativa
En ese sentido, si bien se reconoció la demora administrativa, se concluyó que la misma no afectó el derecho de defensa ni la validez del procedimiento. Además, se remarcó la gravedad de las faltas, al tratarse de ausencias reiteradas en un servicio esencial como la salud pública, lo que -según se indicó- impactó en la continuidad del servicio y generó sobrecarga en el personal.
A partir de estos argumentos, el Gobierno resolvió mantener la sanción y dispuso investigar las razones de la paralización del expediente para determinar posibles responsabilidades internas.
En un segundo caso
A través del decreto Nº 783/2026, se rechazó el recurso presentado por la trabajadora Viviana Monserrat Montenegro. La agente había cuestionado una resolución que le reconoció funciones como subjefa de Pediatría entre 2018 y 2022, pero únicamente a efectos administrativos y sin impacto salarial.
Montenegro reclamaba el pago retroactivo del adicional por responsabilidad funcional. No obstante, el Ejecutivo consideró que dicho reclamo se encontraba prescripto, ya que la presentación inicial fue realizada en diciembre de 2018 y no se registraron nuevas gestiones que interrumpieran los plazos legales hasta 2024.
Tiempo caducado
Según el análisis oficial, al momento de reactivar el reclamo, el período solicitado ya había caducado, por tratarse de un lapso cerrado. Además, se señaló que no existían actuaciones formales que justificaran la extensión de los plazos ni elementos que habilitaran el reconocimiento económico pretendido.
Ambas decisiones llevan la firma del gobernador Rogelio Frigerio y del ministro de Salud Daniel Blanzaco, y reflejan los criterios adoptados por la administración provincial en materia de disciplina laboral, procedimientos administrativos y reconocimiento de derechos económicos dentro del sector público.
Fuente: El Entre Ríos.
