Luego de seis meses de prórroga judicial, este martes 23 de junio el juez Gabriel Belén, a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 2 de Concordia, resolvió autorizar el lanzamiento (desalojo forzoso) contra más de 200 familias del barrio Pampa Soler, luego que la Municipalidad de Concordia y el gobierno de Entre Ríos no respondieron -a tiempo- el pedido de informes sobre las gestiones comprometidas para evitar esta medida extrema.
En su resolución, el magistrado recordó que el pasado 15 de mayo, a pedido del Ministerio Público de la Defensa, se había solicitado a los letrados del Ejecutivo municipal que informaran sobre los avances en las gestiones prometidas para encontrar una solución habitacional. Sin embargo, el plazo transcurrió sin respuesta. “Sin que obre contestación por parte de los mismos al día de la fecha, corresponde despachar favorablemente lo solicitado por la parte actora”, sostuvo el juez.
De este modo, Belén dispuso estar “al lanzamiento ordenado al punto 3 de la resolución dictada el 7 de febrero de 2022”, y librar el correspondiente mandamiento de desalojo con autorización para requerir el auxilio de la fuerza pública y allanar domicilios.
El nuevo pedido fue impulsado el pasado 17 de junio por el abogado Enrique Bacigaluppe, en representación de Pablo Germán Machado, quien afirmó que el plazo de seis meses otorgado por la Justicia ya se había cumplido sin avances ni respuestas oficiales. “Ninguna de las partes ha dado respuesta a las inquietudes planteadas”, planteó en el escrito judicial dirigido al juez.
Un conflicto habitacional de años
La causa se originó a raíz de un litigio por la posesión de terrenos ubicados en Pampa Soler, donde viven más de 200 familias desde hace años, en algunos casos décadas. En diciembre de 2024, luego de múltiples audiencias, la Justicia había resuelto postergar por seis meses la ejecución de la orden de desalojo.
Durante esa instancia, la Municipalidad de Concordia –con el aval de funcionarios provinciales– se había comprometido a elevar una propuesta para resolver la situación, incluyendo la posibilidad de expropiación o aplicación de la Ley 27.453 que establece que todos los inmuebles donde se asientan los barrios populares registrados en el RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares) son declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación (Con pago de indemnización a sus titulares). Asimismo, suspendió los desalojos por un plazo de 10 años, a partir del 29 de octubre de 2022. Esta normativa fue aprobada por unanimidad en 2018 (Macri) y ratificada en 2022 (Fernández).
En su momento, el secretario de Gobierno Luciano Dell’Olio participó de las negociaciones entre las partes y dio señales de avanzar en una solución. También hubo respaldo del Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de la Defensa y el Fiscal de Estado. Sin embargo, con el paso del tiempo, nada se concretó.
En tanto, el abogado Carlos Conti, quien representa a las familias, defendió entonces la aplicación del RENABAP, que prohíbe desalojos y promueve la urbanización de asentamientos precarios. Pero también advirtió que había "trámites administrativos engorrosos" y que “la pelota la tienen los funcionarios”.
Desalojo inminente
El juez exigió a la parte actora que informe con antelación la fecha y hora del operativo, lo que indica que el desalojo podría concretarse en cualquier momento. La resolución judicial abre una nueva etapa de incertidumbre para las familias afectadas, que habían confiado en la voluntad oficial de encontrar una alternativa.
Desde el ámbito judicial, en tanto, remarcaron que la resolución responde a la inacción del propio Estado. “El juez dio tiempo, pidió informes, buscó alternativas. Pero si no hay respuestas ni gestiones concretas, no se puede frenar indefinidamente una orden judicial firme”, explicó una fuente tribunalicia.
Fuente: Diario Junio
