Según el testimonio incorporado al expediente, el plan contemplaba la contratación de un sicario uruguayo para ejecutar al fiscal y al magistrado durante sus vacaciones en Punta del Este. Por ese doble crimen se habría pactado el pago de 40 mil dólares. En tanto, el atentado contra el ministro provincial debía concretarse en territorio entrerriano, cuando se desplazara hacia una vivienda ubicada en las afueras de Paraná.
La información fue aportada por un recluso que declaró ante el fiscal federal Pedro Rebollo, quien impulsó la investigación y solicitó medidas urgentes. A partir de ello, el juez federal interviniente ordenó un allanamiento en la unidad penal donde se encontraba alojado el presunto organizador.
La maniobra habría sido ideada por Leonardo Airaldi, detenido en la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú y procesado en causas por narcotráfico. De acuerdo con la investigación, los blancos eran el fiscal Ignacio Candioti y el juez Leandro Ríos, además del propio Roncaglia.
Allanamiento
El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina, con apoyo de la Policía y del Servicio Penitenciario provincial. Durante la requisa se secuestraron teléfonos celulares, anotaciones, estupefacientes y documentación que ahora será peritada en el marco de la causa.
Fuentes judiciales indicaron que la investigación continúa y que no se descartan nuevas medidas en los próximos días. La gravedad de los hechos motivó además la implementación de un esquema especial de custodia para los funcionarios que habrían sido señalados como objetivos, así como para sus respectivos entornos familiares.
El caso generó fuerte repercusión en el ámbito político y judicial entrerriano, dado que involucra a un detenido con presunto poder de influencia dentro del sistema carcelario y a tres figuras de relevancia institucional. La Justicia Federal de Gualeguaychú continúa con las actuaciones para determinar el alcance real del plan y las eventuales responsabilidades penales.
FUENTE: Infobae
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